Zona de género 

Derechos sexuales y reproductivos 

Recientemente una niña de 11 años volvió a poner en el debate público la pregunta ¿qué debe hacer el Estado cuando una menor de edad enfrenta un embarazo producto de violencia sexual?  El caso ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, no debería convertirse en una discusión sobre moral, religión o ideologías. 

La interrupción del embarazo en casos de violencia sexual no es una concesión ni un privilegio, la NOM-046-SSA2-2005, de observancia obligatoria para las instituciones de salud, establece mecanismos para atender a las víctimas de violencia sexual y contempla el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea consecuencia de una violación. La modificación publicada en 2016 eliminó, entre otros obstáculos, la exigencia de una denuncia para acceder a este servicio.

Dicho esto, toda mujer víctima de una violación puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

En el caso de la menor de Tamaulipas, su edad evidencia una situación de extrema vulnerabilidad y obliga a las autoridades a actuar bajo el principio del interés superior de la niñez. Como finalmente sucedió, la niña pudo acceder a la ILE por conducto de sus padres al ser menor de 12 años. 

El tema nos pone a reflexionar dos más, el embarazo infantil, consecuencia de una violencia sexual, abuso de poder, coerción o falta de protección. Obligar a una menor a continuar un embarazo puede significar prolongar de por vida las consecuencias de una violencia sin proteger sus derechos humanos. 

Y el otro tema son los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, la implementación de una formación desde la escuela es necesaria para garantizar su salud integral y autonomía para tomar decisiones libres e informadas sobre sus propios cuerpos, para comprender el consentimiento mutuo dándoles las herramientas para decidir con quién y cuándo relacionarse afectiva o sexualmente.

Los derechos sexuales y reproductivos también promueven sociedades más justas al exigir un trato equitativo entre mujeres y hombres, los protege de abusos, discriminación y cualquier tipo de violación, acceso a anticonceptivos y servicios médicos lo que reduce embarazos en menores, y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y lo más importante, al conocer sus derechos sexuales y reproductivos, los empodera para identificar y denunciar el abuso sexual desde los primeros indicios.