Visión Financiera

Aranceles y poder industrial

La relación comercial entre México y Estados Unidos volvió a mostrar su carácter estratégico y volátil. La reducción de aranceles al acero y aluminio a 25% para el sector de vehículos pesados representa un ajuste relevante, pero también evidencia que el comercio dentro del T-MEC se mantiene sujeto a presiones políticas y económicas constantes.

La visita de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, funcionó como punto de inflexión para este cambio. El ajuste arancelario no implica una liberalización total, sino una señal de apertura parcial en un contexto donde las tensiones comerciales han afectado a múltiples sectores industriales.

Para la industria mexicana, el impacto resulta inmediato. El acero y el aluminio forman parte esencial de la cadena de producción de vehículos pesados. Cualquier modificación en su costo incide directamente en precios, márgenes y decisiones de inversión. En ese sentido, la reducción ofrece un alivio, aunque mantiene un nivel de protección significativo.

La postura de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rogelio Arzate, refleja esa dualidad. Por un lado, el organismo reconoció la importancia de contar con condiciones más competitivas; por otro, insistió en la necesidad de estabilidad regulatoria y comercial para planificar a largo plazo. La industria del autotransporte no opera con horizontes cortos, depende de certidumbre.

El papel del gobierno mexicano resulta central en este escenario. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha tenido que equilibrar la defensa de la industria nacional con la necesidad de mantener abiertas las puertas del mercado estadounidense. La interlocución con autoridades de Estados Unidos se convierte así en un elemento permanente de la política económica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Edgar Amador Zamora, también juega un rol relevante, ya que las decisiones comerciales impactan ingresos, inversión y estabilidad macroeconómica. El acero y el aluminio no son solo insumos industriales, también forman parte de una red de valor que conecta empleo, exportaciones y desarrollo regional.

El trasfondo del ajuste arancelario remite a una realidad más amplia: América del Norte compite como bloque frente a otras regiones. Mantener cadenas de suministro integradas se vuelve una prioridad estratégica. En ese contexto, cualquier restricción comercial afecta la eficiencia del conjunto. 

La reducción a 25% no resuelve el debate, pero redefine el terreno. Para México, el desafío consiste en aprovechar este margen para fortalecer su industria de vehículos pesados, mientras consolida una estrategia que reduzca su vulnerabilidad frente a decisiones externas. La negociación no termina, cambia de fase.

*** Onest SmartLogistics acelera inversión en 2026.

La empresa mexicana perfila una inversión que supera los 100 millones de pesos rumbo a 2026, como parte de un plan integral para robustecer su red logística y ampliar el alcance de sus operaciones a nivel nacional e internacional.

El proyecto incluye el fortalecimiento del traslado de mercancías desde puertos hacia centros de distribución, así como la consolidación del transporte transfronterizo con nuevas conexiones hacia Estados Unidos y Guatemala, mercados considerados estratégicos para su expansión.

Dentro de esta hoja de ruta, la compañía prevé habilitar nuevos corredores logísticos clave, entre ellos Tijuana–Ciudad de México y Veracruz–Ciudad de México, con miras a mejorar la eficiencia operativa, acortar tiempos de entrega y optimizar costos.

Además, la estrategia incorpora criterios de sostenibilidad en la cadena de suministro, en línea con las demandas actuales del sector. De manera paralela, la firma avanza en el diseño de soluciones logísticas especializadas para el segmento retail, que enfrenta una creciente presión por responder con mayor rapidez y eficiencia.

Para el cierre de este año, la empresa anticipa un aumento de entre 15% y 20% en sus ingresos, respaldado por la expansión de su capacidad operativa, la integración de nuevos clientes y el fortalecimiento de su portafolio de servicios de valor agregado.

*** Tres expedientes, una aclaración

La regulación del sector de juegos y sorteos suele moverse en un terreno donde la falta de precisión puede derivar en interpretaciones equivocadas. Por eso resulta relevante la tarjeta informativa emitida el 27 de abril por la Secretaría de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez, en la que se aclaran tres casos vinculados sin sustento por v medios. 

El primero corresponde a los permisos otorgados en 2024 a Clie S.A. de C.V., derivados de una resolución de la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa, que, según la dependencia, no han sido utilizados para operar casinos. 

El segundo tiene que ver con los establecimientos Centenario y Diamante, suspendidos el 14 de abril de 2026 por señalamientos relacionados con operaciones ligadas a la familia Bermúdez Requena, los cuales operaban bajo un permiso distinto, asignado en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas. 

El tercer caso es el de la plataforma digital de crown city bets, también suspendida en 2025. La aclaración de Segob es firme: ninguno de estos casos tiene relación con Clie.

*** "Pitazo" en el IMSS Michoacán

En este espacio hemos documentado cómo las licitaciones en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Michoacán parecen seguir un guión de exclusión. El caso de la compra de tóners, bajo la invitación IA-50-GYR-050GYR033-T-31-2026, arroja dudas sobre la gestión de Pedro Rodolfo Aragón Avedoy, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 

Y es que ya no solo causa sospecha el requisito de las bandejas de 550 hojas, por arriba de la normativa, ahora surgen indicios de una simulación de competencia donde empresas como Interludsa, Lira y Hernández, y WOOWOO cotizaron a ciegas, sin conocer volúmenes de compra. 

Asimismo, han surgido denuncias de filtraciones sobre los techos presupuestales para ajustar ofertas por encima del precio de mercado. Esto representa un desafío a la política de transparencia que el Director, Zoé Robledo, ha intentado consolidar. Si se permite que datos estratégicos lleguen a manos privilegiadas, podría llevar a un posible daño al erario.