Sheinbaum y Lemus: cuando el agua nos pone de acuerdo
Durante generaciones, los padres convencieron a sus hijos de estudiar una carrera universitaria para tener una vida mejor. El título profesional representaba estatus, movilidad social, estabilidad económica y la posibilidad de superar las condiciones de origen. Hoy, esa promesa comienza a perder fuerza.
Un profesionista recién egresado puede ganar entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales. Mientras tanto, un comerciante o un trabajador de plataformas digitales puede encontrar oportunidades de ingresos inmediatos que compiten con un salario profesional, aunque sin la misma estabilidad ni prestaciones. La pregunta resulta inevitable: ¿para qué invertir cuatro o cinco años estudiando si el mercado laboral no recompensa suficientemente ese esfuerzo?
El problema no es la educación. Es una economía que no siempre sabe qué hacer con sus profesionistas.
México tiene una contradicción estructural: trabajamos mucho, pero producimos poco por hora. Según datos de la OCDE, en 2023 los mexicanos trabajaron 2,207 horas anuales, muy por encima del promedio de sus países miembros, mientras mantenemos bajos niveles de productividad.
El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que los profesionistas ganan, en promedio, 74% más que quienes concluyeron el bachillerato. Estudiar sigue siendo rentable, pero nuestro mercado laboral no aprovecha suficientemente el conocimiento.
La informalidad expresa otra contradicción. Según el INEGI, el 54.4% de la población ocupada trabajaba en condiciones de informalidad y generaba apenas el 25.4% del PIB. Hemos confundido crear empleos con construir una economía productiva.
Y aparece un fenómeno que merece atención: para algunos jóvenes, conducir mediante una aplicación, repartir productos o comercializar servicios digitales comienza a parecer más atractivo que incorporarse a empleos profesionales mal remunerados. La rentabilidad inmediata empieza a competir con la promesa de movilidad social que representaba un título universitario.
Pero sería un error reducir el valor de la universidad al salario de sus egresados.
La universidad ofrece algo que difícilmente puede sustituirse con cursos en línea: formación integral, disciplina, pensamiento crítico, trabajo en equipo, capacidad para resolver problemas, enfrentar presión, construir relaciones y aprender a convivir con personas diferentes. No solamente transmite conocimientos; también forma ciudadanos y desarrolla capacidades humanas.
Precisamente por eso debemos defenderla, pero también transformarla.
Mientras la inteligencia artificial modifica profesiones, muchas universidades continúan funcionando bajo estructuras diseñadas para otro siglo. Los planes de estudio cambian a “paso de elefante reumático”, y persisten modelos rígidamente presenciales.
¿Por qué un joven de Tlajomulco, Tonalá, El Salto o Ixtlahuacán del Río debe invertir varias horas diarias trasladándose para recibir clases que podrían impartirse mediante plataformas digitales?
La pandemia demostró que otra educación es posible. La formación presencial debe reservarse especialmente para aquellas experiencias donde la convivencia, la práctica y la interacción aportan verdadero valor.
Necesitamos universidades flexibles, vinculadas con el sector productivo y capaces de anticipar las nuevas competencias laborales. Pero también una política económica que impulse inversión, innovación y empleos mejor remunerados.
Durante décadas convencimos a los jóvenes de que estudiar era el camino para salir de la pobreza. Pero construimos una economía que no siempre sabe qué hacer con sus profesionistas.
El problema de México no es que sus jóvenes hayan dejado de creer en la universidad. El problema es que nuestra economía está dejando de darles razones para creer en ella.




