Visión Financiera

• Mtz. Araiza desafía a la 4T

Yucatán en Ruta de Traxión

La desigualdad educativa en México no se reduce únicamente a estadísticas que repiten porcentajes de rezago o abandono escolar, sino que representa un freno directo al desarrollo económico y social. En Yucatán, más de 103 mil personas no concluyeron la educación básica y la pandemia de Covid-19 obligó a más de 30 mil estudiantes a abandonar sus estudios.

En este contexto, la decisión de Fundación Traxión, a cargo de Alejandra Méndez, de iniciar la Ruta 20 de su programa En Ruta por la Educación en Mérida y Valladolid cobra especial relevancia. La elección de estas ciudades no se explica únicamente por su tamaño poblacional, sino por su papel como nodos estratégicos desde los cuales se puede extender el alcance del programa hacia comunidades rurales con altos niveles de rezago.

El aula móvil que recorrerá Yucatán durante un año ofrece un ejemplo claro de cómo la infraestructura puede adaptarse a las necesidades de las personas. Con 17 computadoras, pantallas, impresoras, internet inalámbrico y aire acondicionado, el espacio está diseñado para simular un entorno escolar moderno y funcional.

El programa no trata únicamente de entregar alfabetización o certificación de primaria y secundaria, sino de combinar el proceso educativo con la capacitación laboral, gracias a la colaboración con la Secretaría de Economía y Trabajo del estado. Vincular la educación básica con oportunidades de empleo directo marca una diferencia que puede transformar vidas y comunidades enteras.

Desde 2020, Fundación Traxión ha trabajado en institucionalizar la filantropía del grupo empresarial con una visión estructurada. El programa En Ruta por la Educación se consolidó como su proyecto más visible al recorrer 11 estados, visitar más de 200 comunidades y entregar más de 16 mil certificados de estudios básicos.

Con más de 70 mil personas beneficiadas, el modelo no pretende sustituir al sistema educativo tradicional, sino complementarlo en zonas donde la cobertura es insuficiente.

La alianza con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, encabezado por Armando Contreras, asegura la validez oficial de los estudios, un aspecto esencial para que los beneficiarios no enfrenten limitaciones en el mercado laboral.

El arranque de la Ruta 20 en el Parque Eulogio Rosado reunió a autoridades federales, estatales y locales, lo que refleja la capacidad de convocatoria que un proyecto de este tipo puede alcanzar cuando se combina con voluntad política.

La presencia de legisladores, funcionarios y representantes de instituciones educativas demuestra que el combate al rezago requiere articulación entre diferentes niveles de gobierno y sociedad civil.

La reactivación económica de México no puede limitarse a la atracción de inversiones o a la construcción de infraestructura productiva. Un mercado laboral más competitivo necesita trabajadores con habilidades básicas consolidadas y con acceso a procesos de capacitación continua.

Si el país desea aprovechar la ventana histórica que abre el nearshoring y la integración con América del Norte, el fortalecimiento del capital humano a través de iniciativas como esta debe ocupar un lugar central en la agenda pública.

• Poder y familia

Se rumora que la influencia política en algunos municipios del Estado de México se concentra en ciertos apellidos que repiten cargos estratégicos. Cesar Alejandro Reyna Carrillo, con paso por la Agencia Nacional de Aduanas, comparte protagonismo con su madre, Juanita Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán, y con su hermano Diego Alberto, actual presidente del DIF municipal.

La red se expande a Tultitlán, donde Diego ocupó un cargo técnico en la presidencia y dejó el camino abierto a Erick Vega Chavarría, operador de confianza. Lo que en apariencia podría ser sin duda un grupo de servidores públicos en el fondo de un esquema de control.

Ante esto, ya empresas constructoras que buscan levantar naves, plazas o fábricas enfrentan suspensiones en sus proyectos hasta que entregan aportaciones económicas, lo que no tarda en llegar a denuncias tanto en la entidad como a nivel federal.

Oficialmente, esos recursos se canalizan a las arcas municipales para obras de infraestructura, pero la narrativa no coincide con la realidad de cómo se utilizan. Mientras que por otro lado la evidencia apunta a un modelo que beneficia a un círculo cerrado, pues las mismas compañías ligadas a este grupo estarían recibiendo los contratos.

• Organismos en jornada

En un esfuerzo conjunto la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), que a nivel nacional lleva María de Lourdes Medina; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de Luis Méndez Jaled; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de Mariana Boy, participan en las Jornadas de Normas y Acreditación encabezadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), presidida por Raúl Tornel y Cruz.

Celebradas en estados como Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Tabasco, Aguascalientes y recientemente en Tamaulipas que gobierna, Américo Villarreal, se concientiza a empresarios, industriales y profesionales de sectores regulados, sobre el cumplimiento de normas para comercializar productos y servicios confiables. Sin dejar de lado la importancia de las normas en el cuidado del medio ambiente.

• Que no entregará cuentas a nadie

TOME NOTA * Ahora sí Alejandro Martínez Araiza, dirigente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), se metió en un problema grave, pues se encuentra en franco enfrentamiento y rebeldía con el Gobierno de la Cuarta Transformación, al negarse públicamente a informar sobre el patrimonio de su organización.

Martínez Araiza declaró que no informará a Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), sobre la administración del patrimonio de esa agrupación, estimado en 500 millones de pesos, por los mismos trabajadores.

En el marco de la reciente comida de Los 300 Líderes más Influyentes de México, dijo que no cumplirá el llamado de Domínguez Marrufo para que dé a conocer a las autoridades laborales el uso y monto de los dineros del sindicato que dirige, que aglutina a 17 mil obreros en todo el país. Dicho de otra manera, le vale poco lo que le pida la autoridad.

El artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de todos los sindicatos de presentar a dicho Centro el patrimonio sindical, pero Martínez Araiza sostuvo que, si 97 por ciento de las organizaciones no cumple esa disposición, él tampoco tiene por qué acatarla.

Puso como pretexto que colocar la información de su sindicato en una plataforma abierta del CFCRL, adscrito a la Secretaría del Trabajo, que cualquiera puede consultar, incluso el crimen organizado, pondría en peligro la vida de los delgados del SNAC.

Trabajadores disidentes del SNAC consideran que Martínez Araiza viola la ley y está en abierta rebeldía con las autoridades de la 4 T, que seguramente aplicarán sanciones contra el dirigente, como el retiro de su registro de secretario general de ese sindicato, en donde fue reelecto por seis años más, el 15 de abril de este año.