Visión Financiera 

Sorprendió a más de uno la decisión de la Fiscalía General de la República, hoy a cargo de Ernestina Godoy, de adjudicar un contrato millonario a una empresa con un historial tan cuestionado como Casanova Rent Volks, pues habla no solo de una preocupante normalización de la desmemoria institucional, sino de una señal política sobre qué tipo de prácticas se toleran y a qué actores se les vuelve a abrir la puerta pese a los antecedentes.

La firma de Carlos y Joaquín Echenique Casanova no es una empresa cualquiera en el ecosistema de proveedores gubernamentales. Arrastra una trayectoria marcada por señalamientos de sobreprecios, inhabilitaciones y vínculos con procesos penales en distintos niveles de gobierno. Aun así, fue considerada nuevamente como una opción confiable para manejar recursos públicos de gran magnitud.

Resulta difícil justificar esta decisión cuando existe un antecedente directo de sanción por parte de la propia autoridad federal. La inhabilitación impuesta en 2022 por irregularidades en contratos con el ISSSTE no fue un rumor ni una filtración, sino una resolución oficial que evidenció prácticas contrarias al interés público.

Más grave aún es que el proceso de licitación de la FGR estuvo rodeado de sospechas, aplazamientos y hasta investigaciones penales por presuntos sobornos. La destitución de altos funcionarios del órgano interno de control no es un detalle menor, sino un síntoma de que algo en el procedimiento estuvo lejos de ser transparente.

En este contexto, la rehabilitación administrativa de la empresa en 2024 parece más un acto de conveniencia legal que una reivindicación ética. Ganar un juicio no equivale a limpiar un historial, y mucho menos a recuperar la confianza social cuando los señalamientos siguen acumulándose en expedientes abiertos.

El problema de fondo no es solo Casanova, sino la lógica que permite que empresas con pasados tan oscuros sigan orbitando alrededor del presupuesto público. La ausencia de consecuencias reales convierte las sanciones en simples pausas temporales dentro de un mismo ciclo de contratos y favores.

Si la nueva administración de Ernestina Godoy pretende ser un referente de legalidad, debería empezar por aplicar estándares más estrictos a sus propios proveedores. De lo contrario, el mensaje es claro y desalentador, en México no importa cuántas veces una empresa sea señalada, siempre habrá una nueva licitación dispuesta a olvidar.

*** Movilidad con visión pública

El Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad se consolida como un espacio estratégico para profesionalizar la toma de decisiones públicas en transporte, con un enfoque técnico, multisectorial y regional. 

La iniciativa, organizada por la AMAM, presidida por Diego Monraz; la ANPACT que encabeza Rogelio Arzate; y el WRI México, dirigido por Francisco Barnés, con el respaldo del gobierno de Quintana Roo de Mara Lezama, coloca al sector movilidad en el centro del debate público con una agenda que prioriza la planeación, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional. 

Al reunir autoridades de los tres niveles de gobierno, operadores, industria, banca de desarrollo, academia y organismos multilaterales, el foro no sólo buscará promover el intercambio de experiencias, sino que pretender trazar una ruta para decisiones más informadas, viables y sostenibles.

*** Fiscalización en crisis

TOME NOTA *** Durante su participación en la mesa de diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el Dinero del Pueblo”, organizada por la Cámara de Diputados en Monterrey, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar puso sobre la mesa uno de los problemas más profundos y que menos figuran en la agenda pública. 

Hablamos de la fiscalización que dejó de ser una herramienta técnica para convertirse en un terreno político donde el control del gasto depende más de intereses que de reglas claras, con órganos debilitados, procesos opacos y una cultura institucional que permite discrecionalidad, simulación y abuso de poder, lo que se traduce directamente en pérdida de recursos públicos y en una creciente desconfianza social. 

El diputado afirma que existen redes de extorsión dentro de las propias auditorías que exhiben que el problema no es solo de leyes sino de estructuras capturadas. 

Cuando quien vigila se convierte en intermediario de la impunidad, la corrupción no se combate, se administra, y mientras no exista una reforma real que garantice independencia, profesionalización y consecuencias efectivas, la fiscalización seguirá siendo parte del problema y no una solución para el uso honesto del dinero público.