La campaña ya inició, aunque la ley diga otra cosa

En Jalisco, la carrera por las elecciones parece haber comenzado mucho antes de que el calendario electoral lo permita. Basta recorrer las principales avenidas de Guadalajara y de otros municipios metropolitanos para encontrar bardas pintadas, espectaculares, brigadas y campañas de posicionamiento que, aunque evitan pedir expresamente el voto, difícilmente pueden interpretarse como simples ejercicios de comunicación espontánea. La política volvió a encontrar una forma de adelantarse a la ley sin necesariamente romperla de manera evidente.

Morena y el PAN son quizá los casos más visibles en Guadalajara. Diversos personajes que aspiran a convertirse en candidatos han inundado el espacio público con mensajes que recurren a eufemismos, frases cuidadosamente construidas y un lenguaje deliberadamente ambiguo. No dicen "vota por mí", pero buscan que la ciudadanía los identifique, los recuerde y los relacione con una futura candidatura. Es una estrategia que aprovecha la experiencia acumulada tras años de resoluciones de los tribunales electorales y que explora los límites entre la promoción personal y la propaganda electoral.

El fenómeno no se limita a esos dos partidos. El PRI Jalisco presentó recientemente a sus llamados "Defensores de Jalisco", una figura que, si bien tiene una narrativa partidista propia, también genera cuestionamientos sobre el momento en que se realiza y los objetivos políticos que persigue. Por su parte, Movimiento Ciudadano mantiene una presencia permanente en calles, colonias y espacios públicos mediante campañas institucionales del partido que fortalecen su posicionamiento ante el electorado. Cada fuerza política utiliza una estrategia distinta, pero todas parecen compartir el mismo propósito: mantenerse presentes en la conversación pública antes del arranque formal de las campañas.

La legislación electoral intenta impedir los actos anticipados de campaña, pero la realidad demuestra que la creatividad política suele avanzar más rápido que las normas. El Código Electoral de Jalisco sanciona estas conductas cuando se acredita que existe una promoción electoral fuera de los tiempos legales; sin embargo, la interpretación de conceptos como el llamado expreso al voto, el posicionamiento anticipado o el beneficio electoral ha generado un amplio margen de discusión jurídica. En ese espacio de incertidumbre es donde florecen las campañas disfrazadas de mensajes ciudadanos, recorridos informativos o ejercicios de participación social.

La consecuencia es evidente. En lugar de discutir propuestas de gobierno, diagnósticos o soluciones a los problemas públicos, buena parte del esfuerzo político se concentra en construir reconocimiento de nombre. El ciudadano recibe diariamente mensajes diseñados para fijar rostros y apellidos en su memoria, mientras la competencia real todavía no ha comenzado. La equidad que pretende proteger la legislación termina erosionándose por estrategias que, aunque cuidadosamente diseñadas para evitar expresiones prohibidas, producen efectos similares a una campaña.

El problema no radica únicamente en los partidos políticos. También refleja una debilidad del sistema normativo y de los mecanismos de fiscalización. Cuando la ley deja amplias zonas grises, los actores políticos inevitablemente buscan aprovecharlas. Es una lógica conocida: todo aquello que no está claramente prohibido termina convirtiéndose en una oportunidad para obtener ventaja frente a los adversarios. La innovación política consiste hoy, muchas veces, en encontrar nuevas formas de decir sin decir y de pedir apoyo sin solicitar el voto de manera explícita.

Será la autoridad electoral la que, en cada caso concreto, deba determinar si una pinta de bardas, una campaña de posicionamiento o un mensaje determinado constituyen o no actos anticipados de campaña conforme a los elementos previstos por la ley y la jurisprudencia. Sin embargo, más allá de las resoluciones que eventualmente se emitan, existe una pregunta de fondo: ¿el espíritu de la legislación electoral consiste únicamente en evitar determinadas palabras o en garantizar condiciones equitativas para todos los competidores? Reducir el debate a una cuestión semántica puede terminar vaciando de contenido el propósito de la norma.

Mientras esa discusión no se resuelva, las bardas seguirán hablando antes que los candidatos oficiales. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y cualquier otra fuerza política continuarán explorando los límites del lenguaje y de la legislación para posicionar a sus figuras. La ley establecerá cuándo empieza formalmente una campaña, pero en las calles de Jalisco la competencia política hace tiempo que comenzó. La verdadera pregunta no es quién la inició primero, sino cuánto tiempo más seguirá existiendo una diferencia entre el calendario electoral y la realidad que todos los ciudadanos observan al salir de casa.