¿El permiso de la tierra o el respeto al estado de derecho?

Los conceptos de economía sustentable son vitales como concepción para que la humanidad pueda asegurar la existencia.

Esto lo han comprendido la mayoría de los gobiernos del mundo y han llevado esos conceptos a sus leyes.

Entre ellos, bastantes, han desarrollado políticas públicas para lograrlo y en consecuencia dedicado generosos recursos para lograrlo.

En otros países, entre los cuales está el nuestro, han quedado prisioneros en los textos de las leyes y en los discursos de rutina para exorcizar la cultura ecocida de sus sociedades; disfrutan el placer de destruir la biodiversidad convenientemente etiquetada con signo de pesos.

Eso sí, la sociedad se romantiza con el discurso de la sustentabilidad aunque sus valores sean contrarios a ella y los gobiernos, atentos a esta incongruencia, posponen la acción.

En ese romanticismo ambiental estéril creemos que basta pedirle perdón a la madre tierra para revertir el cambio climático y por la acción del hombre que la está provocando.

A dios rogando y con el mazo dando: se pide permiso a la tierra a la vez que se recorta el presupuesto para atender la agenda medio ambiental.

Aún son minoría en nuestro país quienes asumen con acciones tangibles la sustentabilidad, cada vez más reducida a los esfuerzos de pueblos y comunidades que están llegando al límite.

La destrucción del medio ambiente es un asunto que se asume por gobernantes y la sociedad de consumo como lejano y extraño.

En la ecuación económica de la mayoría de las empresas privadas y del estado la variable ambiental está prácticamente fuera.

Para algunas incluso este componente representa riesgos para sus ganancias y lo buscan evitar a toda costa; otras obligadas a la regulación por la naturaleza de su giro, intentan y logran espacios para la simulación y la impunidad.

Siglos de devastación ecológica han deteriorado de manera creciente las condiciones para la existencia humana.

Cada generación que llega al planeta se suele complacer con la creencia de que le corresponde tomar una parte de la riqueza natural.

Están convencidos de que aguas, selvas, bosques, litorales, fauna, minerales, cielos, están disponibles de manera infinita.

Ingenuamente asumen que son tan grandes los recursos del planeta que todavía tienen capacidad para digerir y revertir la intervención humana; nada les indica el crecimiento demográfico y el poder de las nuevas tecnologías que están precipitando el colapso ambiental.

La humanidad parece que no nos asumimos como parte dependiente de este macro ecosistema que es el planeta tierra.

Como si no respiráramos el mismo aire que el resto de los seres vivos o que no necesitáramos de la misma agua que les da la vida a ellos.

La visión sexenal en materia medio ambiental -concepción y práctica- es de gran relevancia para dar certidumbre al desarrollo económico con futuro del país, para detener el acelerado ritmo de destrucción de la vida natural, para dar garantías de acceso al derecho a un medio ambiente sano, y para así contribuir a la viabilidad humana en el planeta.

Que hasta ahora, frente a grandes y trascendentales decisiones, se esté frivolizando la política ambiental es un asunto que preocupa.

Colocar la ecología como tema marginal en el proyecto del Tren Maya y sustituir el estado de derecho en materia medio ambiental por debajo de la decisión mística de «pedir perdón a la madre tierra», es francamente inaceptable.

El evento manda un pésimo mensaje a los capitales que reiteradamente destruyen suelos, bosques y aguas pisoteando nuestras leyes.

La remoción de más de 200 hectáreas de la cubierta vegetativa en Dos Bocas Tabasco, para construir la primera refinería del actual gobierno, sin estudios de impacto ambiental y sin medidas de mitigación, sienta un precedente negativo y genera alarma por cuanto la política ambiental del sexenio siga esa misma ruta.

Nada sería más lamentable y desastroso para México que caminásemos ahora en sentido contrario a los magros avances que en materia medio ambiental se han logrado tanto en las normas jurídicas como en las políticas públicas y las asignaciones presupuestarias.

Relativamente es importante plantar millones de árboles maderables y frutales, sin embargo, hay una historia bien documentada que habla de los claroscuros de estas políticas, que debiera considerarse con razonada crítica.

Junto a ella necesitamos de una política firme para lograr lo más pronto posible la reducción absoluta de pérdida de bosques, selvas y cubierta vegetal, estableciendo el parámetro de cero cambio de uso de suelo en estas zonas y la preservación y recuperación de zonas de recarga hídrica para asegurar el derecho humano al agua.

Siendo así, a la vez, deben construirse por consenso políticas en donde la sustentabilidad económica atraviese todas las prácticas productivas del país.

Los propietarios de dichas tierras deben tener alternativas económicas que alienten la preservación de estos recursos.

Es lamentable que la reducción presupuestaria condene los propósitos ambientales al fracaso desatan un período de destrucción de los recursos naturales de la nación.

De nada vale que desde la religiosidad la madre tierra nos perdone si con nuestras políticas estamos golpeando ese valor materno.

Como en todo estado laico y liberal -y en nuestro caso juarista- más vale atenernos al estado de derecho y a la prudente razón.

Es mil veces mejor un estado fuerte en materia medio ambiental (leyes e instituciones) que ver de aquí en adelante a los aguacateros ilegales, mineras, cazadores furtivos, acaparadores de agua y taladores, pidiéndole «permiso a la madre tierra» y bendiciendo las tierras áridas que van dejando.