El cierre de los autos chocolate: orden, legalidad y decisión de Estado

La regularización de los llamados “autos chocolate” fue, durante varios años, una política extraordinaria diseñada para enfrentar una realidad heredada: millones de vehículos de procedencia extranjera circulaban en México sin control, sin certeza jurídica y fuera de cualquier marco fiscal. El decreto que permitió su regularización cumplió una función social y administrativa innegable. Pero toda política excepcional debe tener un final claro, y ese momento ha llegado.

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de cerrar definitivamente el programa de regularización de autos chocolate a partir de 2026 no es un acto improvisado ni una ruptura, sino un acto de gobierno responsable, que pone orden donde la excepción ya había cumplido su propósito. Gobernar también es saber cerrar ciclos, y este es uno de ellos.

Durante la vigencia del programa, millones de familias obtuvieron certeza legal sobre su patrimonio; se fortaleció la seguridad pública mediante el registro vehicular y se generaron recursos públicos importantes destinados, en muchos casos, a infraestructura vial. Ese objetivo social fue alcanzado. Mantener abierto el programa habría significado perpetuar una anomalía jurídica, incentivar el contrabando y debilitar el régimen aduanero del país.

La presidenta Sheinbaum ha sido clara: México no puede vivir permanentemente en esquemas de excepción. Su decisión reafirma una visión de Estado fuerte, ordenado y con reglas claras, donde la legalidad no se negocia, pero tampoco se ignora la realidad social. Primero se atendió el problema; ahora se restablece la norma.

El cierre del programa no implica el cierre de México al comercio ni a la importación de vehículos usados. Significa, simplemente, que a partir de ahora se aplicarán las reglas generales de importación, con aranceles, controles ambientales y requisitos técnicos, como corresponde a cualquier país que protege su economía, su industria y su hacienda pública.

Esta determinación también envía un mensaje político contundente: el desarrollo no se construye con atajos permanentes. La regularización fue una solución transitoria; la legalidad es el camino definitivo. La industria automotriz nacional, los contribuyentes cumplidos y el propio Estado recuperan un terreno que nunca debió normalizar la irregularidad.

Con esta decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que su gobierno no administra inercias, sino que ordena, corrige y fortalece. Se gobierna con sensibilidad social, sí, pero también con firmeza institucional. El país necesitaba cerrar este capítulo, y se ha hecho con claridad, sin ambigüedades y con visión de largo plazo.

El fin de los autos chocolate no es un retroceso; es un paso adelante hacia un México con reglas claras, autoridad legítima y un Estado que sabe cuándo abrir la puerta… y cuándo cerrarla.

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