Algo huele mal en Tonalá 

Hay temas en la vida pública que, aunque en apariencia parecen técnicos o administrativos, terminan revelando preguntas mucho más profundas. Son asuntos que nos obligan a reflexionar sobre si las decisiones se están tomando realmente en beneficio de la ciudadanía o si responden a intereses particulares.

Bajo esa lógica, la semana pasada, durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, discutimos el proyecto para la construcción y operación del rastro municipal de Tonalá mediante una Asociación Público-Privada. A simple vista podría parecer un tema meramente administrativo. Sin embargo, conforme avanzó el análisis quedó claro que había demasiadas preguntas sin respuesta.

Y cuando hablamos del patrimonio público, de recursos municipales y de compromisos que pueden extenderse durante 25 años, las dudas no pueden ignorarse.

Por supuesto, nadie puede estar en contra de mejorar los servicios públicos ni de que Tonalá cuente con infraestructura moderna y eficiente. Sin embargo, lo que resulta inaceptable es que una necesidad legítima de la población pueda verse empañada por irregularidades, opacidad o posibles conflictos de interés.

En ese contexto, durante la discusión legislativa se hicieron públicos señalamientos relacionados con presuntos vínculos familiares entre actores políticos y la empresa involucrada, cuestionamientos sobre el valor de los terrenos aportados al proyecto y dudas respecto al incremento de recursos públicos comprometidos para su ejecución.

Más allá de la veracidad final de cada uno de estos señalamientos, existe un principio que debe prevalecer en cualquier gobierno democrático: la confianza pública se construye con transparencia.

Y precisamente porque la confianza es indispensable para gobernar, cuando una administración municipal toma una decisión que impactará a los próximos ocho gobiernos, la exigencia de rendición de cuentas debe ser todavía mayor. Porque gobernar no consiste únicamente en resolver los problemas del presente; también implica cuidar el futuro.

Por eso fue correcta la decisión de regresar el dictamen a la Comisión de Hacienda para una revisión más profunda. No se trata de detener proyectos por razones políticas. Se trata de garantizar que cualquier decisión de esta magnitud cuente con toda la información necesaria, con procesos transparentes y con absoluta certeza jurídica y financiera.

Además, la gobernanza moderna exige algo más que cumplir procedimientos. Exige escuchar a las personas afectadas, a los usuarios de los servicios, a los productores, a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Exige construir consensos y actuar con visión de largo plazo.

Tonalá merece un rastro moderno. Merece mejores servicios públicos. Merece infraestructura que impulse su desarrollo económico. Pero también merece que cada peso público se ejerza con responsabilidad y que cada decisión se tome de cara a la ciudadanía.

Por ello, cuando una obra necesaria se rodea de dudas, la obligación de las instituciones no es acelerar el proceso. Es aclararlo.

Al final, la confianza es uno de los activos más valiosos de cualquier gobierno. Y cuando algo huele mal, lo correcto no es ignorarlo. Lo correcto es investigarlo, transparentarlo y garantizar que el interés público esté siempre por encima de cualquier otro interés.

Esa es la responsabilidad del Congreso. Y esa es la responsabilidad que seguiremos ejerciendo en defensa de las y los jaliscienses.