Presentan obra Las manchas de la luna para prevenir el abuso infantil en Jalisco
GUADALAJARA, Jal., 9 de noviembre de 2026.- Una madre y su pareja sentimental fueron detenidos y vinculados a proceso en el municipio de Zapopan, tras ser señalados como los presuntos responsables de la muerte y posterior inhumación clandestina de un menor de dos años y cuatro meses de edad. Los investigados intentaron ocultar el crimen bajo el falso argumento de que el infante se había envenenado de forma accidental.
La intervención de la Fiscalía del Estado de Jalisco ocurrió luego de que el abuelo de la víctima denunciara ante el Ministerio Público que llevaba semanas sin saber de su nieto. Al confrontar a la madre, identificada como Fátima N, y al padrastro, José N, estos le aseguraron que el niño había muerto por consumir raticida y que lo habían enterrado en un predio cercano a la colonia Valle de los Molinos, lo que detonó la búsqueda de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.
Tras el despliegue del personal forense en el sitio señalado, las autoridades localizaron el cuerpo del menor con un tiempo estimado de tres meses de evolución cadavérica. Las pruebas periciales realizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desmintieron la versión de la intoxicación, determinando que la causa real del deceso fue un traumatismo craneofacial, sumado a múltiples lesiones visibles en el rostro y las extremidades.
Posteriormente, un cateo ejecutado en el domicilio familiar —el cual operaba en condiciones insalubres— permitió asegurar diversos indicios, entre ellos un martillo con el que presuntamente agredieron de muerte al niño. Con estas pruebas, la Fiscalía solicitó y cumplimentó las órdenes de aprehensión correspondientes.
Un juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados y dictó el auto de vinculación a proceso para ambos individuos. Fátima N enfrenta cargos por parricidio, mientras que José N es procesado por homicidio calificado; de igual forma, los dos son investigados por desaparición cometida por particulares agravada. Como medida cautelar, el juzgado les impuso un año de prisión preventiva oficiosa.




