Por tortura, omisiones y cobros a víctima, emite CEDHJ 3 recomendaciones

GUADALAJARA, Jal., 7 de agosto de 2020.- Por distintos casos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió tres recomendaciones que tienen que ver con hechos de tortura, actuaciones de trabajadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y omisiones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

POLICIAS DE ZAPOPAN ACUSADOS DE TORTURA

En el primer caso, el de la recomendación 22/20 es por actos de tortura a los que sometieron policías de Zapopan a un individuo detenido por elementos municipales en Periférico Norte por supuestas lesiones con arma de fuego.

Indica que de acuerdo con los partes médicos y el Dictamen Médico-Psicológico Especializado para Posibles Actos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, basado en el Protocolo de Estambul, emitido por dos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ante el juez de la causa, concluyeron que “existe evidencia de hallazgos que se correlacionen a posibles actos de tortura…”.

Con esta evidencia, la defensoría emitió la recomendación dirigida al comisario de Seguridad Pública de Zapopan, para que realicen a favor de la víctima la atención y reparación integral del daño.

En el caso de los policías investigadores que también participaron de los actos de tortura contra el quejoso, la CEDHJ piden que los funcionarios queden en el registro de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado, como antecedente de sus conductas violatorias de derechos humanos. Además, se abran procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de ambas corporaciones policiales.

PIDEN A IJAS NO APLICAR CUOTAS EXCESIVAS EN RESGUARDO DE VEHÍCULOS ROBADOS

Bajo la premisa de que quien fue víctima de un robo en su patrimonio ya enfrentó una situación que vulneró sus derechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 23/20 resultado de la queja de diversas personas quienes tuvieron que pagar altas cuotas por el resguardo de sus vehículos recuperados y que permanecieron demasiado tiempo en los corralones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social por trámites administrativos.

Relató tres casos en los que ocurrieron este tipo de omisiones, el primero fue el de  una mujer quien explicó que le robaron una cuatrimoto que luego fue recuperada por policías y enviada a un depósito de una empresa privada. Cuando trató de liberarla se dio cuenta que tenía un gran adeudo por concepto de pensión.

El segundo caso es similar, un hombre señaló de que le robaron su carro, localizado después por policías y enviado a un depósito privado, donde le informaron que tenía que pagar 11 mil pesos para lograr su liberación.

En el tercer caso, un hombre tuvo un percance vial y su vehículo fue asegurado, al no haber arreglo entre las partes, y libre de responsabilidad por un juez y al tratar de recuperar su automotor, en el IJAS le exigieron un pago y posteriormente le informaron que su vehículo había sido rematado.

En el cuarto caso, una mujer explicó que su automóvil fue asegurado durante la investigación de un supuesto delito. Pasado más de un año, con la anuencia del Ministerio Público trató de liberar su automotor y se percató que ya había sido enajenado en una subasta pública.

El organismo consideró que los funcionarios responsables violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, y a la propiedad y posesión de las personas peticionarias.

También determinó que la responsable del entonces IJAS, actuó de forma ilegal e irregular, violentando los derechos en perjuicio de dos de las personas inconformes.

Por ello recomendó al fiscal del Estado que garantice a favor de las víctimas directas la reparación integral del daño ocasionado. Que tramite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del MP.

Pide instruir a los agentes del Ministerio Público para que, en los casos de víctimas de robos de vehículos que se recuperen, se ejecute un procedimiento de devolución ágil y expedito, con el fin de no revictimizar a las personas agraviadas.

PERITOS DEL IJCF FUERON OMISOS EN ACCIDENTE DE AMECA

Finalmente, la Comisión de los Derechos Humanos emitió la recomendación por considerar que peritos forenses del Ministerio Público adscrito a Ameca incumplieron los protocolos de Ley en un percance vial ocurrido en el kilómetro 49 de la carretera Guadalajara-Ameca, donde perdió la vida una persona.

Determinó que los servidores públicos intervinientes no actuaron en coordinación para reservar la escena y los indicios de la investigación de este hecho, lo que constituye una tropelía irremediable, e interfiere con el acceso a la justicia de las víctimas indirectas. 

Por ello, la recomendación está dirigida está dirigida al fiscal del Estado y al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), bajo los conceptos de violación a la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, de violación del derecho a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas.

Solicita que garantice la reparación integral del daño a los familiares de la víctima, que se incluyan todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.