Procesan a 2 policías viales de Vallarta por presunto abuso de autoridad

PUERTO VALLARTA, Jal., 26 de mayo de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco informó sobre la vinculación a proceso de dos elementos de la policía vial municipal de Puerto Vallarta, identificados como Roberto “N” y Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.

La resolución fue dictada por un Juez de Control durante una audiencia celebrada el pasado 25 de mayo de 2026. Este proceso judicial deriva de una investigación iniciada por hechos registrados en julio de 2024, cuando los ahora imputados, en el ejercicio de sus funciones, realizaron la detención de dos ciudadanos sin contar con los elementos necesarios que justificaran dicha acción.

Según la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el actuar de los elementos municipales pudo haber vulnerado derechos fundamentales como la libertad personal, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, factores que deben regir estrictamente la conducta de todo servidor público. Tras analizar los datos de prueba expuestos por la fiscalía, el órgano jurisdiccional determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de ambos policías.

Como parte de la resolución judicial, se dictaron diversas medidas cautelares para asegurar el desarrollo del proceso. Entre estas se incluye la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, someterse a supervisión, abstenerse de acudir a los lugares donde se encuentran las víctimas y evitar cualquier tipo de acercamiento o acto de intimidación hacia los afectados.

Estas medidas cautelares estarán vigentes por un periodo inicial de seis meses, mientras que el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Con esta vinculación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reafirmó su compromiso de investigar con objetividad los actos que puedan constituir delitos en el servicio público, garantizando el respeto al debido proceso y la protección de los derechos ciudadanos.