Buscan sanciones penales para funcionarios que no denuncien abuso infantil

GUADALAJARA, Jal., 29 de octubre de 2026.- La omisión de denunciar casos de abuso sexual infantil podría tener consecuencias penales para quienes, por razón de su empleo, profesión o cargo, tengan conocimiento o indicios razonables de estos hechos y no los reporten oportunamente, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco.

La propuesta forma parte de un paquete de tres iniciativas impulsadas por la diputada Ana Fernanda Hernández, que busca modificar la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal del Estado.

En materia educativa y de protección a la infancia, los proyectos plantean convertir las facultades generales de escuelas e instituciones en obligaciones concretas para prevenir y detectar situaciones de violencia sexual, dar aviso inmediato a las autoridades y garantizar la continuidad escolar y la atención integral de las víctimas.

Las disposiciones estarían dirigidas tanto a instituciones públicas como privadas, con el propósito de establecer procedimientos de actuación ante posibles casos de abuso.

En el ámbito penal, la iniciativa contempla incorporar agravantes y sanciones para quienes, debido a sus responsabilidades laborales o profesionales, conozcan o tengan indicios razonables de un posible abuso sexual contra menores de edad y omitan informar a las instancias de procuración de justicia.

El planteamiento también busca que la aplicación de estas disposiciones no dependa exclusivamente de que exista una relación familiar o de convivencia entre la víctima y el presunto agresor.

Otro de los componentes del paquete legislativo es la implementación de protocolos homogéneos para atender estos casos, establecer rutas de canalización, proporcionar atención psicológica especializada y proteger a las víctimas frente a posibles represalias.

La propuesta contempla prestar especial atención a los municipios del interior de Jalisco, donde, de acuerdo con la exposición de la legisladora, existe menor infraestructura y disponibilidad de servicios especializados.

Al presentar las iniciativas ante el Pleno, Hernández sostuvo que la atención de la violencia sexual infantil requiere medidas que vayan más allá del incremento de las penas, como investigaciones profesionales, diligencia de las autoridades ministeriales y garantías para evitar la revictimización.

Las tres iniciativas fueron presentadas ante el Congreso estatal; por tanto, las reformas y las posibles sanciones planteadas todavía no deben considerarse disposiciones vigentes. Su aplicación dependerá del proceso legislativo y de la aprobación de los cambios propuestos.