Proponen en Jalisco garantizar revisión humana de decisiones tomadas con IA

GUADALAJARA, Jal., 29 de octubre de 2026.- La diputada local de Movimiento Ciudadano, María Elisa Bravo Navarro presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de Jalisco y establecer garantías para las personas frente al uso de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, particularmente cuando intervengan en decisiones que afecten sus derechos o intereses.

La propuesta plantea adicionar dos párrafos al artículo 4º constitucional para que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus competencias, adopten medidas de protección a la igualdad, la privacidad, la salud física y mental y la libertad de decisión.

Uno de los puntos centrales es reconocer el derecho de las personas a saber cuándo un sistema de inteligencia artificial participa de manera sustancial en una decisión que les afecta, recibir una explicación comprensible de los motivos, solicitar una revisión humana e impugnar el resultado para obtener su corrección cuando corresponda.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora advirtió que las evaluaciones automatizadas pueden tener consecuencias en ámbitos como la contratación laboral, el acceso a créditos y la asignación de apoyos públicos, especialmente si utilizan información incorrecta o criterios que generan desigualdad.

Como ejemplos, expuso los casos de una persona descartada de un empleo por un sistema automatizado, pese a cumplir con los requisitos, y de una familia excluida de un programa social porque una evaluación tecnológica no refleja su situación real.

La iniciativa sostiene que las decisiones con efectos jurídicos o que afecten significativamente los derechos o intereses legítimos de una persona deben poder explicarse, cuestionarse y revisarse por alguien facultado para modificar el resultado.

La propuesta deberá seguir su trámite legislativo

Bravo Navarro señaló que el uso de estas tecnologías no debe eliminar la responsabilidad de las autoridades cuando intervienen en decisiones que afectan a la ciudadanía. También planteó que la regulación debe acompañar el desarrollo tecnológico para evitar que sus riesgos profundicen las desigualdades existentes.

La diputada afirmó que la innovación puede avanzar junto con la protección de los derechos humanos y llamó a discutir el papel de la inteligencia artificial en la vida pública.

La propuesta busca establecer garantías a nivel constitucional; sin embargo, su presentación no significa que los cambios ya estén vigentes. Para determinar su alcance, será necesario conocer el trámite legislativo, las modificaciones que eventualmente se realicen y el contenido definitivo que, en su caso, sea aprobado.

De concretarse, la reforma establecería un marco de protección para quienes enfrenten decisiones automatizadas que incidan de manera significativa en sus derechos, con mecanismos para conocer sus fundamentos y solicitar la intervención de una persona.