¿Todavía vale la pena hacer una carrera gubernamental? 

Hubo un tiempo en que hacer una carrera gubernamental era una decisión inteligente. Quizá no significaba hacerse rico, pero ofrecía algo que pocos empleos podían garantizar: estabilidad, un ingreso digno y la expectativa de un retiro tranquilo. Para miles de profesionistas, trabajar para el gobierno representaba un proyecto de vida; un acuerdo no escrito entre el Estado y quienes decidían poner su talento y energía al servicio de las instituciones públicas.

Hoy ese acuerdo parece haberse roto.

Las reglas del juego cambiaron, pero seguimos actuando como si nada hubiera ocurrido. Cada año, miles de jóvenes y académicos de alto nivel ingresan a las instituciones públicas convencidos de que encontrarán una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, la realidad que enfrentan es muy distinta a la que conocieron generaciones anteriores.

La estabilidad laboral dejó de ser la norma en el empleo gubernamental. En los distintos órdenes de gobierno, una proporción muy significativa de los trabajadores se integra bajo esquemas frágiles: nombramientos temporales, plazas supernumerarias, contratos por honorarios o esquemas de subcontratación. El ejemplo más visible de este desmantelamiento ocurre en las áreas operativas: servicios esenciales como la limpieza o el mantenimiento han dejado de pertenecer a la nómina del poder público y a sus derechos laborales, para ser entregados a empresas privadas que pagan salarios paupérrimos y casi nulas prestaciones. Pero el fenómeno no se limita a esos espacios: también alcanza a profesionistas de carrera, para quienes cada cambio de administración representa la posibilidad real de perder su fuente de ingresos, independientemente de su experiencia, desempeño o preparación.

A esta precariedad se suma el deterioro del poder adquisitivo. En numerosos casos, los incrementos salariales apenas alcanzan para compensar una parte de la inflación o quedan por debajo de ella; en términos reales, miles de servidores públicos ganan menos que hace algunos años. La consecuencia es paradójica y evidente: actividades del sector privado e incluso de la economía informal generan ingresos superiores a los de profesionistas con licenciatura o posgrado que laboran en el gobierno.

Pero el golpe más fuerte no es solo económico. Existe un factor que raras veces aparece en las estadísticas, pero que pesa enormemente en el ánimo institucional: la pérdida de confianza en que el mérito sea el camino para crecer.

Miles de trabajadores invierten años en prepararse, conocen la legislación, dominan los procedimientos administrativos y sostienen el funcionamiento cotidiano de las dependencias. Sin embargo, con demasiada frecuencia observan cómo los puestos de mayor responsabilidad son ocupados por personas cuya principal credencial no es su capacidad técnica ni su trayectoria, sino su cercanía con el grupo político en turno.

Esta improvisación no solo desmotiva al trabajador; la consecuencia directa la paga la ciudadanía. Al desplazar al personal capacitado, el Estado pierde su memoria institucional, propicia la ineficiencia operativa en los servicios públicos y abre la puerta a la opacidad y la corrupción.

Como si no fuera suficiente, la incertidumbre se extiende al retiro. El incentivo histórico de acceder a una pensión digna al concluir la vida laboral se debilita a pasos agigantados. Los sistemas pensionarios, diseñados bajo dinámicas demográficas del pasado, enfrentan hoy el desplome de sus bases financieras debido al aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad.

En Jalisco, los estudios actuariales del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) presentados en los últimos años advierten de una presión financiera estructural. Aunque las proyecciones han variado según los supuestos —algunas sitúan el punto crítico entre 2028 y 2030, otras lo extienden hasta 2036—, todas coinciden en que, sin decisiones de fondo, el fondo enfrentará un horizonte insostenible. No se trata ya de hacer diagnósticos, sino de actuar antes de que el sistema colapse.

Quizá el problema más grave no sea la pérdida de empleos, sino la pérdida de vocaciones. El Estado compite por el mismo talento que busca el sector privado, las empresas tecnológicas y los organismos internacionales, pero pretende atraerlo ofreciendo salarios poco competitivos, empleos inciertos y un retiro en duda.

Frente a este panorama, resulta inevitable formular una pregunta incómoda: ¿qué incentivos tiene hoy un profesionista de alta cualificación para dedicar toda su energía y décadas de su vida al gobierno?

La pregunta ya no es solo si vale la pena. La pregunta es qué está dispuesto a hacer el Estado para que vuelva a valer la pena. 

Si el Estado no recupera la capacidad de atraer, valorar y conservar el talento con dignidad laboral y certezas de futuro, el problema dejará de ser una crisis de nómina para convertirse en un colapso institucional.