¿El municipio es pobre porque quiere? 

Existe una frase tan repetida como absurda y clasista: “el pobre es pobre porque quiere”. Aplicada a las personas, ignora las desigualdades estructurales y el punto de partida de cada individuo.

¿Pero puede un municipio ser pobre porque quiere? ¿Puede un gobierno escudarse en la falta de presupuesto cuando posee territorio, patrimonio y facultades tributarias para fortalecer sus ingresos?

Tomemos dos municipios diametralmente opuestos dentro de la misma área metropolitana: Zapopan y Tonalá.

En 2016, Zapopan manejaba un presupuesto de 5 mil 318 millones de pesos; para 2026 supera los 13 mil 147 millones, de acuerdo con sus propios presupuestos de egresos —un crecimiento del 147% en una década—. Tonalá pasó de 1 mil 039 millones en 2016 a 2 mil 396 millones en 2026, según su Ley de Ingresos, un aumento del 130%.

Pero el tamaño del presupuesto solo cuenta la mitad de la historia. La pregunta real es: ¿de dónde viene el dinero? Para 2026, Zapopan genera cerca del 50% de sus ingresos de fuentes propias, según cifras del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). En Tonalá, esa proporción ronda apenas el 25%, de acuerdo con su propia Ley de Ingresos 2026. Zapopan genera uno de cada dos pesos que gasta; Tonalá, solo uno de cada cuatro.

Atribuir esa brecha únicamente al partido en turno sería simplista: las capacidades fiscales no se improvisan de un día para otro. Pero las cifras obligan a poner sobre la mesa un debate incómodo: la voluntad institucional de los municipios para sostenerse a sí mismos.

Y aquí surge una verdad que pocos quieren asumir: recaudar tiene costo político. Muchos gobiernos locales carecen de incentivos para actualizar sus catastros o cobrar rezagos, pues temen el descontento social. Es más cómodo esperar participaciones federales que cobrar correctamente en casa. Las participaciones no protestan en la plaza pública; los contribuyentes sí.

Pero esa comodidad se paga cara. Al eludir el costo de recaudar, una administración termina administrando la pobreza: calles destruidas, alumbrado deficiente y servicios colapsados en municipios que no paran de crecer.

No todo es desinterés político: existen fallas estructurales severas. Un municipio no puede cobrar lo que ni siquiera tiene identificado. Predios irregulares, padrones obsoletos y una brecha entre la realidad territorial y los registros oficiales generan un cuello de botella institucional. La ciudad marcha a un ritmo; el catastro, a otro.

Modernizar un catastro no significa apretar las tuercas al contribuyente de siempre, sino conocer el territorio que se gobierna. Actualizar la cartografía, regularizar la propiedad y optimizar la cobranza permite ampliar la base imponible sin elevar las tasas.

Existe una brecha entre cobrar más y cobrar mejor. Cobrar más ahoga a quienes ya cumplen; cobrar mejor construye instituciones capaces de registrar la realidad y ampliar el padrón.

La comparación entre Zapopan y Tonalá no busca calificar cuál gobierno es superior, sino plantear una pregunta para los 125 municipios de Jalisco: ¿cuánto dinero están dejando ir por operar con catastros desactualizados y padrones incompletos? Antes de pedir más recursos, valdría la pena evaluar cuánto de su propio potencial fiscal están dejando pasar.

Las personas no son pobres porque quieren. Pero un gobierno que renuncia a fortalecer sus instituciones y hacer valer su soberanía fiscal corre el riesgo de caer en esa misma premisa: ser pobre por decisión propia.