A decir verdad

La muerte de David Cohen, afuera del recinto de Ciudad Judicial, es mucho más que una tragedia personal. Es el reflejo descarnado de un país donde el valor de la vida se ha devaluado y donde el ejercicio del derecho se ha vuelto una profesión de riesgo. Tenía 48 años, estaba casado y tenía tres hijas pequeñas. Su asesinato no sólo deja un hogar vacío: deja un boquete profundo en la justicia mexicana, en esa institución que debería protegernos a todos y que hoy sangra en sus propias escalinatas.

Matar a un abogado frente a un tribunal no es un crimen cualquiera. Es un acto deliberado de desafío, una ejecución simbólica que grita impunidad. Es el mensaje más atroz que puede enviarse a una sociedad: que ya no existen lugares sagrados, que ni siquiera el templo de la ley está a salvo del crimen.

Que el miedo se ha instalado justo donde debería habitar la certeza del derecho. Cada disparo contra David Cohen fue también un disparo contra el Estado de Derecho.

Los presuntos asesinos —jóvenes de apenas 18 y 20 años— confesaron haber recibido 30 mil pesos por el “jale”. Treinta mil pesos por destruir una vida, por orfandar a tres niñas, por enviar a todo un gremio el mensaje de que su trabajo puede costarles la vida. Esa cifra, grotescamente baja, revela no sólo la miseria económica, sino la miseria moral de un país donde la vida se negocia como si fuera mercancía barata.

Y lo más alarmante: no es un hecho aislado. Ciudad Judicial, ese espacio que debería representar la civilidad y el orden, se ha convertido en una zona marcada por la sangre. En abril de 2025, balearon al chofer del magistrado Ramón Alejandro Sentíes. En septiembre de 2024 asesinaron a la abogada Felicita Mazariego. En junio de 2023, a Georgina Salinas. Los casos se acumulan y la justicia sigue inerte, mirando cómo la violencia conquista su propio territorio.

México se está acostumbrando a la barbarie. Cada ejecución se convierte en una estadística más, en una nota efímera que se pierde entre tantas otras. Nos estamos volviendo indiferentes al horror, y esa indiferencia es la más peligrosa forma de derrota. Porque cuando un país normaliza el asesinato de quienes buscan justicia, deja de tener esperanza.

El foro jurídico, que debería ser la voz más firme contra esta violencia, a veces calla. El miedo se ha infiltrado en las togas, en los despachos, en los pasillos de los juzgados. Pero el silencio también mata. Callar ante el crimen es permitir que el Estado se derrumbe un poco más. La impunidad no sólo la generan los delincuentes: también la alimentan quienes se resignan.

La justicia no puede defenderse sola. Necesita de una sociedad que la valore, que exija su protección, que entienda que sin ella no hay país posible. La muerte de David Cohen debería sacudirnos, recordarnos que detrás de cada abogado, de cada jueza, de cada defensora, hay una persona que cree —a pesar de todo— que la ley puede prevalecer sobre el miedo.

Si permitimos que los tribunales se conviertan en campos de ejecución, si aceptamos que el crimen tenga la última palabra, entonces habremos firmado la sentencia más dolorosa de todas: la de la justicia mexicana. Y cuando matan a la justicia, no sólo muere una persona. Morimos todos.