Visión Financiera

Consenso saludable, bebidas y gobierno

El acuerdo alcanzado hoy en la Cámara de Diputados sobre el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas demuestra que el diálogo puede rendir frutos cuando existe disposición entre el gobierno, el Congreso y el sector privado. Lejos de un escenario de confrontación, lo votado en el pleno refleja una negociación constructiva en la que se escucharon las preocupaciones de todos los actores involucrados.

Durante las últimas semanas, la discusión sobre el IEPS a las bebidas azucaradas y aquellas endulzadas con edulcorantes había generado inquietud entre los industriales. La propuesta original del Paquete Económico 2026 contemplaba una tasa única de 3.08 pesos por litro para todas las bebidas, sin distinguir entre las calóricas y las de bajo contenido energético.

Gracias a las mesas de diálogo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark, se logró un consenso que ajusta el impuesto para que las bebidas sin azúcar o “zero” paguen solo 1.641 pesos por litro, mientras que las azucaradas mantendrán la nueva tasa de 3.08 pesos.

El acuerdo, respaldado también por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y legisladores de distintas fuerzas políticas, representa un avance importante en la búsqueda de equilibrio entre los objetivos de salud pública y la viabilidad económica del sector. En lugar de penalizar la innovación, la medida promueve la reformulación de productos hacia opciones más saludables.

Empresas como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental reconocieron la apertura del gobierno federal y del Congreso para escuchar los argumentos técnicos de la industria. Ambas compañías refrendaron su compromiso de continuar reduciendo la densidad calórica de sus portafolios y de fomentar el consumo de alternativas bajas o sin azúcar.

Para el sector privado, el mensaje es claro: la sostenibilidad empresarial y la salud pública no tienen por qué ser fuerzas opuestas. En cambio, pueden coexistir bajo esquemas de corresponsabilidad, como el alcanzado hoy, que fomenta la competitividad, la inversión y la protección al consumidor.

Más allá del tema fiscal, este acuerdo refuerza una forma de hacer política basada en el diálogo, la evidencia y la colaboración. En un entorno de desafíos económicos y sociales, lograr consensos como este no solo fortalece la confianza, sino que también abre la puerta a un futuro donde los intereses públicos y privados convergen en soluciones compartidas.

• Pedrada política

Detrás de las críticas, que no cayeron nada bien, de la presidenta Claudia Sheinbaum al FONDEN, habría sido más bien una pedrada a José María “Chema” Tapia, exdirector del fideicomiso entre 2013 y 2016, señalado por presuntos actos de corrupción y hoy aspirante morenista a la gubernatura de Querétaro.

Su incursión bajo el estandarte guinda ha generado incomodidad en sectores del gabinete, pues se le vincula con Luis Enrique Miranda, exsecretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y considerado su principal padrino político.

Tapia fue exhibido en su momento por haberse ausentado durante los desastres naturales de 2013 para apostar en Las Vegas y, más tarde, por la adquisición de una lujosa residencia en Texas.

Aunque el FONDEN fue eliminado en 2021, sus fantasmas resurgen con cada emergencia natural. En el entorno presidencial interpretan las declaraciones de Sheinbaum como un intento de marcar distancia y deslindar a la 4T de personajes incómodos, aun cuando vistan los colores del movimiento.

• Manchas del poder empresarial

Lava Tap S.A. de C.V. se ha convertido en un ejemplo incómodo de cómo la impunidad puede perpetuar las malas prácticas dentro del sector privado, incluso frente a la reiterada evidencia de abusos laborales y sanciones fiscales. Desde hace más de dos décadas, las denuncias contra esta empresa se acumulan sin que existan consecuencias contundentes.

Los trabajadores afectados, algunos del propio Sistema de Transporte Colectivo, han señalado una constante: despidos arbitrarios, reducciones salariales y la exigencia de horas extras sin compensación.

Todo ello bajo la sombra de contratos públicos que, lejos de cesar, parecen haber legitimado su permanencia. Resulta preocupante que, pese a los antecedentes y las sanciones del SAT, la compañía siga operando con normalidad y ofertando sus servicios al Estado.

Las reglas parecen distintas cuando el infractor es una empresa con vínculos en la administración pública. La falta de sanción efectiva a quienes violan derechos laborales y obligaciones fiscales refleja la permisividad que corroe la credibilidad del sistema.

• CUDEC recibe foro del Poder Judicial como parte del Plan de Desarrollo Estatal

TOME NOTA * En un ejercicio de apertura y participación ciudadana, el Poder Judicial del Estado de México ha iniciado una serie de foros temáticos como parte de su nuevo Plan de Desarrollo 2025–2027, con el objetivo de incorporar la voz de la ciudadanía en sus líneas estratégicas y fortalecer el diseño institucional desde una perspectiva democrática y plural.

Uno de estos encuentros se llevó a cabo en las instalaciones de la CUDEC en Tlalnepantla, siendo el anfitrión el ingeniero Alfonso Malpica Olvera, vicerrector del grupo universitario. Este plantel fue elegido como sede para abordar uno de los diez temas clave del proyecto, centrado en el manejo interno del Poder Judicial.

En su intervención, el magistrado Díaz Juárez subrayó la relevancia de la planeación como eje del desarrollo institucional:

“Estamos viviendo momentos cruciales en el Poder Judicial del Estado de México, revisando temas fundamentales como planeación, presupuestación y el ejercicio del gasto público. La planeación democrática es un derecho, y también una herramienta esencial para garantizar un buen gobierno y una impartición de justicia efectiva y legítima.”

• IA, Big Data y Robótica en la industria alimentaria: THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO

Al asegurar que la transformación digital ya se encuentra en marcha dentro de nuestro país, Pablo Silva, Director de Contenidos Multiplataforma en The Food Tech®, explicó que la industria alimentaria requiere actualizar sus marcos jurídicos, al tiempo de fortificar procesos, centros universitarios y materias de enseñanza para ser competitivo en los próximos 20 años.

“Hoy, vemos cómo ya es muy normal la aceleración en la integración de algunas plataformas tecnológicas dentro de la industria de alimentos, entre ellas, la inteligencia artificial, el blockchain, la robótica y el Big Data. Existen tractores autónomos; drones que pueden plantar semillas, hacer riego inteligente; brazos robóticos que recolectan frutas y verduras; sin embargo, la educación debe ponerse a la par de esta transición hacia la modernidad.

Foros como el que realizamos permiten preparar a los miembros de la cadena de valor con las mejores herramientas al integrar a cámaras, asociaciones, iniciativa privada y academia, prueba de ello es que durante los dos días de actividades registramos potencial de cierre de negocios por aproximadamente 508 millones de dólares”, enfatizó.

Si bien no existen datos oficiales, hay estimaciones donde entre el 45 y el 48 por ciento de las empresas del sector están haciendo inversiones en cuanto a transformación digital y se espera mantener este ritmo, incluso, vaya al alza en los siguientes años.