Se unen México y Argentina por tortura, infancia y migración

GUADALAJARA, JAL., 7 de septiembre de 2019.- Los Organismos Públicos de Derechos Humanos de México y Argentina formarán alianza estratégica para trabajar en acciones conjuntas en materia de defensa, promoción y protección de derechos humanos, en temas de tortura, infancia, migración y cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México (FMOPDH) y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) sumarán esfuerzos en acciones concretas en la región.

Como resultado del Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Argentina-México, en cuya inauguración se contó con la presencia del embajador de Argentina en nuestro país, Ezequiel Sabor y que reunió a los ombudsperson nacional y 32 estatales de México y 40 defensores de provincias argentinas, se concretó una Hoja de Ruta con las aportaciones recibidas y el debate interactivo llevado a cabo en cuatro conversatorios, conforme a las necesidades fundamentales detectadas en: Defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Impulsar políticas migratorias con enfoque de derechos humanos; Desafíos para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y Proponer políticas de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Este Encuentro, en la Ciudad de México, estuvo encabezado por el ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez; el defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz y presidenta de la FMOPDH, Namiko Matzumoto Benítez.

Ellos, destacó CNDH, coincidieron en la necesidad de sensibilizar, informar y capacitar a las autoridades implicadas en la aplicación y seguimiento de los DESCA, institucionalizar por Ley y hacer efectivo un sistema rector en materia de producción, gestión que les dé seguimiento e instituir la figura de Visitador General Especializado de esos derechos o un equivalente, además configurar un observatorio nacional de los mismos.

También, en reconocer a la tortura como un hecho y darle visibilidad, exhibirla y enviar un mensaje contundente de rechazo a esa violación que no tiene cabida en el Estado de derecho; destacar lo realizado históricamente con los centros de detención y tortura clandestinos para evitar la repetición, y castigarla en las legislaciones nacional y estatal, y emitir Recomendaciones en los casos en que se ejerció esa práctica contra personas en situación de detención y privación de libertad.

Además, acordaron supervisar la reparación del daño por las autoridades, trabajarán sobre las problemáticas de cómo determinar la gravedad de ese hecho violatorio y así diferenciarlo del trato cruel, inhumano o degradante, y solventar la falta de especialistas para actuar de conformidad con el Protocolo de Estambul; establecer y fortalecer los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura como instancias que emprenden sólidos compromisos con las poblaciones vulnerables en situación de detención, preventiva y carcelaria, realizar inspecciones y visitas de monitoreo no anunciadas a comisarías/alcaldías y centros de detención.

En cuanto a la protección de la infancia, determinaron velar para que las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de derecho en la práctica, siendo el Estado el principal responsable de su garantía tomando en consideración que en la Agenda 2030 sus derechos son transversales a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Analizar los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva sensible a sus condiciones particulares, para maximizar sus derechos, bienestar e integridad, así como erradicar el trabajo infantil, hambre, pobreza, maltrato y abuso sexual.

En torno de buenas prácticas en materia de migración, establecieron atender y revisar el marco jurídico que regula los derechos de las personas en situación de migración y las facultades de las autoridades correspondientes, involucrar al Sistema de la ONU y al Sistema Interamericano en las políticas de protección de sus derechos, crear en las Comisiones estatales protocolos y áreas específicas para su atención, y redes de apoyo para trabajar políticas que los tomen en cuenta.

En los trabajos de este Encuentro también participaron la Directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Dolores Gandulfo; la Secretaria Ejecutiva de la CNDH, Consuelo Olvera Treviño, y Ninfa Delia Domínguez Leal, Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).