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GUADALAJARA, Jal., 21 de noviembre de 2026.- El actual Sistema Nacional Anticorrupción no cumple con sus funciones y requiere una transformación profunda que permita mejorar la fiscalización, fortalecer las instituciones y combatir la impunidad, afirmó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
Durante un encuentro con integrantes de la Red de Mujeres Morenistas en Jalisco, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión expuso la necesidad de construir un nuevo modelo de combate a la corrupción tanto a nivel federal como estatal. En ese sentido, adelantó que uno de los objetivos principales es convocar a un periodo extraordinario en enero de 2027 para discutir un paquete de reformas legales y constitucionales.
"Aquí tenemos que ir a enfrentar la impunidad y las violaciones a la ley independientemente de que si son de un color, son de otro, no tienen color o son de una religión; la ley debe ser pareja y el que la hace la tiene que pagar", subrayó el legislador federal.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el esquema vigente ha quedado prácticamente inutilizado debido a la falta de coordinación efectiva entre dependencias y a la ausencia de un intercambio adecuado de información. Por ello, planteó eliminar la protección indebida a funcionarios y garantizar que los procesos sancionatorios tengan efectos reales.
"Las transformaciones que tenemos que lograr a nivel nacional son precisamente la desaparición, la supresión del fuero, de la protección indebida de políticos y gobernantes, y el ejercicio pleno del juicio político para que tenga consecuencias y podamos avanzar en la regeneración de la vida pública", explicó.
Asimismo, el congresista señaló que estas deficiencias se replican en los sistemas estatales, por lo que consideró indispensable reconstruir los mecanismos locales. En el caso particular de Jalisco, llamó a revisar el funcionamiento de las instancias encargadas de vigilar los recursos públicos y demandó que las fiscalías anticorrupción cuenten con verdadera autonomía, pues aseguró que hoy operan como extensiones de otros poderes.
Finalmente, propuso reestructurar los sistemas de auditoría y fiscalización para evitar que las anomalías detectadas en las cuentas públicas queden únicamente en observaciones administrativas y deriven, en cambio, en denuncias y sanciones efectivas.




