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GUADALAJARA, Jal., 29 de septiembre de 2026.- Antes de contratar una empresa de seguridad privada, ciudadanos y negocios podrían consultar en línea si cuenta con autorización vigente y qué tipo de servicio está facultada para prestar, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco.
La propuesta, impulsada por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, plantea hacer obligatoria la publicación y actualización permanente del Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada en un formato digital de acceso directo.
El padrón estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y, de acuerdo con la iniciativa, deberá cumplir con las disposiciones de transparencia y protección de datos personales.
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso estatal explicó que la intención es facilitar a quienes buscan contratar estos servicios la verificación de las empresas y reducir los riesgos relacionados con prestadores que operen sin las autorizaciones correspondientes.
“¿Qué gana la ciudadanía con esto? Certeza absoluta. Cualquier jalisciense que necesite contratar un servicio de seguridad podrá verificar, con datos oficiales y en un clic, si la empresa cuenta con autorización vigente y —muy importante— para qué modalidad específica está facultada”, señaló Medina Ortiz.
La iniciativa plantea que el registro identifique la modalidad para la que cada empresa cuenta con autorización, entre ellas custodia de valores, blindajes, alarmas, monitoreo y vigilancia residencial o industrial.
La propuesta también establece que la creación del registro público no implique cobros ni trámites adicionales para las empresas, sino que se limite a transparentar el cumplimiento de las obligaciones que ya establece la legislación.
Además, la información publicada deberá ajustarse a las normas de protección de datos personales y la seguridad privada continuará considerándose una actividad complementaria y auxiliar de la seguridad pública.
Actualmente, Jalisco cuenta con 289 empresas de seguridad privada con registro vigente, de las cuales 83 tienen autorización estatal, informó la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Perla Lorena López Guízar. En conjunto, estas empresas emplean a más de 10 mil 500 guardias de seguridad privada.
López Guízar respaldó la iniciativa y señaló que convertir en una obligación legal la publicación y actualización del registro permitiría contar con una herramienta pública y permanente tanto para las autoridades como para quienes contratan estos servicios.
“Para la ciudadanía significará contar con una fuente oficial de información antes de contratar un servicio de seguridad privada”, afirmó.
La funcionaria agregó que el registro también podría ser consultado por personas que busquen incorporarse laboralmente al sector, para verificar la información de una empresa antes de entregar documentación personal o iniciar un proceso de contratación.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si las modificaciones propuestas son aprobadas y entran en vigor.




