Continúan vigentes en Jalisco las sanciones por apología del delito

GUADALAJARA, Jal., 29 de septiembre de 2026.- Las sanciones contra la apología del delito y la promoción de conductas ilícitas —incluida la interpretación o reproducción de narcocorridos en espectáculos públicos— se mantienen vigentes en Jalisco, aclaró este martes el Gobierno del Estado tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el máximo tribunal del país únicamente invalidó la frase referente a la apología de “algún tipo de vicio”, al considerar que dicho término resultaba ambiguo.

Sin embargo, la resolución dejó intactas las disposiciones legales que castigan la provocación pública a cometer delitos y su enaltecimiento.

La aclaración surge luego del paquete de reformas aprobadas el pasado 28 de enero de 2026 por el Congreso del Estado (Decreto 30134/LXIV/26), el cual modificó el artículo 142 del Código Penal local, elevando las penas por apología del delito a rangos de seis meses a un año de prisión, así como multas que van de 30 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, la administración estatal recordó que sigue firme la normativa impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.

Esta medida obliga a los ayuntamientos a expedir reglamentos para sancionar la difusión de música, videos o contenidos que induzcan a la violencia o glorifiquen a autores de hechos delictivos en eventos públicos, regulación que no fue materia de impugnación ante la SCJN.

El Ejecutivo estatal sostuvo que estas disposiciones no buscan prohibir géneros musicales ni coartar la libertad de expresión artística, sino establecer límites legales frente a contenidos que promuevan el delito.

Con ello, las autoridades remarcaron que el fallo de la Corte no representa una autorización general para la promoción de estos contenidos en el estado, ratificando su compromiso con el marco legal, la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos.