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GUADALAJARA, Jal., 6 de agosto de 2026..– Con un crecimiento superior al 800 por ciento en la solución de controversias durante los últimos siete años, el estado de Jalisco se ha consolidado como el líder nacional en justicia alternativa. Este modelo de mediación ha permitido descongestionar los tribunales tradicionales y pacificar conflictos cotidianos en materia familiar y de arrendamiento.
De acuerdo con datos del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), este incremento histórico refleja la eficacia de los mecanismos alternativos de solución de controversias entre la ciudadanía. Al respecto, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, director general del IJA, informó que para este año se proyecta mantener la tendencia positiva con un crecimiento estimado del 20 por ciento en comparación con el año anterior.
Zepeda Lecuona detalló que los sectores con mayor incidencia y éxito bajo este esquema corresponden al ámbito familiar y patrimonial.
"Son muy importantes los conflictos en materia familiar, en materia de divorcios, custodia, convivencia, alimentos para niñas y niños y también temas de arrendamiento, que es muy frecuente. Y se ha logrado prevenir muchos conflictos, también el de deudas de cualquier monto: desde 450 pesos hasta más de 2 mil pesos. Esto es muy importante para pacificar esos pequeños conflictos, para que no escalen a delitos o tragedias", puntualizó el director.
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, explicó que el porcentaje de éxito mediante la justicia alternativa es variable y depende directamente de la materia del conflicto.
Como ejemplo del impacto directo en los juzgados, Álvarez Pulido destacó el avance en los litigios inmobiliarios: "Hay tipos de asuntos donde es muy alto el porcentaje. Por ejemplo, en materia de juicios de desocupación o desahucio, cuando un particular rentó su casa y no ha pagado la renta o no devuelve la propiedad, han reducido más de la mitad", concluyó.
Con estas cifras, el modelo de mediación en Jalisco se afianza como la principal herramienta pública para la resolución pacífica de disputas, agilizando el sistema judicial local y evitando que los problemas cotidianos escalen a instancias penales.




