Diputados locales aprueban reformas sobre adherencia al pacto fiscal federal

GUADALAJARA, Jal., 24 de marzo de 2022.- A fin de que el estado de Jalisco pueda adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias de establecimiento y cobro de contribuciones en los términos de los convenios de coordinación, los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, aprobaron reformar los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política local.

Con estas modificaciones, la participación en la recaudación federal y la transferencia de recursos adicionales por la Federación deberá ser equitativa y ponderar el componente federal de la aportación del estado al sistema, en su conjunto con sus necesidades solidarias.

Explicaron que con estas modificaciones, Jalisco contará con un Sistema Tributario Estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias estatales e incentivar su cumplimiento voluntario.

El Gobierno del Estado participará los recursos federales que se le transfieran con los municipios, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y bajo el principio de solidaridad. Mientras que el gobernador en turno, dentro de los tres primeros años de su encargo y por una sola ocasión, deberá llevar a cabo un proceso de revisión integral de la política fiscal del estado y sus convenios de coordinación.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, la celebración de convenios de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para Jalisco, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de aportación del estado como las necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y darlos por terminados cuando ya no resulten convenientes para la entidad, previa autorización del Congreso.