Lanzan iniciativa para evitar funcionarios con antecedentes de violencia

GUADALAJARA, Jal; 08 de diciembre de 2021.- Prohibir que en cualquier partido existan candidatos o autoridades electas con antecedentes de violencia de cualquier tipo, es el objetivo de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados por parte de la legisladora federal por Morena, Laura Imelda Pérez Segura.

Se busca que las y los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral y la población se sienta verdaderamente representada, destacó la diputada.

“La probidad, debe ser el requisito de elegibilidad”, porque —explicó— no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, “sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy, lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”.

Pérez Segura añadió que la impunidad no puede seguir gestándose en las instituciones, debe de ser erradicada, subrayó la representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

LA PROPUESTA

La iniciativa propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para que sea requisito de elegibilidad al cargo legislativo federal o estatal “no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal, y ser deudor alimentario moroso.

Se contempla —en un artículo transitorio— que los congresos locales de las 32 entidades del país, adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local.

La diputada mencionó que ha habido intentos importantes desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos asumieran este compromiso, como la propuesta de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por ONU Mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018 y que consistían en:

Promover los derechos de las mujeres en sus plataformas políticas; capacitar a sus candidatos en materia de no discriminación; garantizar la paridad de género en sus órganos directivos; impulsar mecanismos de prevención frente a la violencia dentro de sus organizaciones, y verificar que, en las campañas electorales, las mujeres tuvieran acceso a recursos en igualdad con los hombres.

También, agregó, el INE con la denominada “3 de 3 Contra la Violencia” sólo pudo llevar a cabo una revisión muestral en mil 177 personas candidatas, y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar el cumplimiento.

La autoridad electoral indicó varios factores que impidieron que tuviera éxito en el proceso electoral pasado: Se adoptó iniciado el proceso electoral; no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones; no había la obligación legal de homologar registros, y no existían bases de datos para que el INE determinara negar o cancelar el registro de alguna candidatura.

“¡Hay avances, pero no el éxito esperado!” Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo. “Hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política”, concluyó la legisladora.