Vivienda, empleo y paz, ejes del Segundo Informe de Omar Cervantes
GUADALAJARA, Jal., 2 de septiembre de 2026.- Diputados locales propusieron reformar el sistema de pensiones de Jalisco para fortalecer la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), con cambios en la integración de su Consejo Directivo, mayor vigilancia sobre las inversiones y el patrimonio inmobiliario, así como nuevas reglas para el cálculo de las jubilaciones.
La iniciativa presentada por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González planteó incorporar una mayor representación de trabajadores, pensionados y jubilados en el Consejo Directivo, además de establecer mecanismos de pluralidad y contrapesos para la toma de decisiones.
También propuso crear un Comité de Inversiones y Riesgos integrado por especialistas independientes, quienes serían nombrados por el Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer la supervisión y administración de los recursos del Instituto.
Uno de los cambios planteados corresponde al patrimonio inmobiliario del Ipejal. La propuesta establece que la venta de bienes del Instituto requeriría autorización del Congreso del Estado, con el objetivo de aumentar el control sobre este patrimonio.
En materia de préstamos, los legisladores propusieron incorporar seguros de vida y de desempleo como garantías, mientras que para el fortalecimiento del fondo de pensiones plantearon modificar la base de cálculo de las jubilaciones para considerar el promedio salarial de los últimos 10 años.
La iniciativa también contempla establecer en 70 mil pesos mensuales la base máxima de aportación y revisar las pensiones que rebasen los límites establecidos en la Constitución.
Otro de los ejes corresponde al control del gasto administrativo y presupuestal del Instituto. Para ello, se planteó que el Ipejal presente ante el Congreso estudios actuariales, informes financieros, proyectos de presupuesto y planes de inversión.
Los diputados señalaron que estos mecanismos permitirían contar con información suficiente para tomar decisiones sobre la situación financiera del Instituto y evitar que la falta de acciones comprometa en el futuro el pago de las pensiones.




