Jalisco genera más de 100 mil millones de pesos por la industria de reuniones
PUERTO VALLARTA, Jal., 23 de abril de 2026.- La nueva legislación en materia hídrica en México enfrenta importantes desafíos, entre ellos, garantizar el acceso al agua como un derecho humano y regularizar más de medio millón de títulos de concesión en el país.
Lo anterior lo señaló Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua.
Previo a su participación en el panel Beneficios y retos de la nueva ley de agua en Jalisco, en el marco del XV encuentro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda realizado en Puerto Vallarta, el funcionario explicó que se trata de dos instrumentos legales: una nueva Ley General de Aguas que regula el derecho humano establecido en el artículo cuarto constitucional, y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27.
Detalló que uno de los principales cambios es que el agua deja de considerarse una mercancía, como ocurría bajo el esquema vigente desde 1992, donde las concesiones podían ser fraccionadas o vendidas, generando prácticas de comercialización e incluso mercados irregulares.
El funcionario indicó que la nueva legislación busca dejar claro que el agua es propiedad de la nación y que las concesiones únicamente otorgan el derecho de uso por un volumen determinado y para fines específicos, evitando así la especulación.
Uno de los retos centrales será ordenar el padrón de concesiones existente en el país.
"Hay más de 535 mil títulos de concesión y designación para los municipios. El reto es ordenarlas. De esto es el principio para ordenarlas y para de cada quien haga el buen uso del agua y no se especule y no se haga negocio con el agua. Eso es importantísimo", destacó.
Añadió que será necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, denuncia y regulación, ya que en el modelo anterior se permitió el acaparamiento del recurso por parte de algunos concesionarios que no utilizaban el volumen asignado.
Explicó que esta situación generó una distribución desigual, donde en algunos acuíferos se niegan nuevas concesiones bajo el argumento de falta de agua, cuando en realidad el recurso ya está asignado de manera inequitativa.
Ante ello, la nueva ley contempla mecanismos redistributivos, que incluyen la revisión de concesiones subutilizadas y el cobro de cuotas de garantía a quienes no aprovechan el volumen asignado. En caso de incumplimiento, los concesionarios deberán pagar o devolver el agua, que pasará a integrar un fondo destinado a nuevas asignaciones.
Este esquema permitirá priorizar el uso del agua mediante comités que definirán su distribución hacia municipios, empresas u otros sectores, con base en necesidades y criterios de uso eficiente.
En el caso del sector de la construcción, el funcionario señaló que estos cambios permitirán un acceso más ordenado al recurso, evitando la compra de concesiones a sobreprecio o la participación en mercados irregulares, facilitando así el desarrollo de proyectos bajo un marco legal más equitativo.




