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Se opone Yussara Canales a cobro de impuesto a extranjeros en Vallarta
GUADALAJARA, Jal., 9 de febrero de 2021.- No se puede permitir que las autoridades hagan caso omiso en temas de acoso y hostigamiento, principalmente si son funcionarios públicos, tal es el caso del presiente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, quien es acusado por una trabajadora del ayuntamiento por actos violentos. Es por eso que el colectivo G10xJalisco hizo su pronunciamiento en contra del primer edil e hizo un llamado a la Fiscalía del Estado (FE) para que este caso no quede en un simple carpetazo, detalló Guadalupe Ramos, integrante del movimiento.
“Por lo que se hace urgente y necesario que se inicien los procedimientos pertinentes para la separación de los cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal. No en otro nivel de gobierno. Exigimos al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, una investigación puntual del accionar de la Fiscalía del Estado particularmente de la unidad de investigación de delitos contra las mujeres y de agencia de ministerio público de Tototlán”, explicó.
Lupita Ramos también detalló que se debe realizar una investigación a fondo respecto a la filtración de pruebas que realizó la víctima hace más de un año, material que sólo poseía FE y la CEDHJ para proceder en la denuncia.
“Se investigue y se sancione a quien de manera irresponsable expone y revictimiza a la víctima con la filtración sin su consentimiento de los audios que ella presentó como prueba desde el año pasado tanto en la carpeta de investigación de la Fiscalía como en la queja que presentó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su oficina de Ocotlán, Jalisco. La filtración de estas pruebas sólo pudieron salir de esas dos oficinas, por lo que se tiene que investigar y sancionar a los responsables. Estos audios que se escucharon el viernes de la semana pasada forman parte en la carpeta de investigación que ella las ofreció como prueba desde el año pasado”, puntualizó.
G10x Jalisco exige a las autoridades correspondientes que separe del cargo al funcionario y se le niegue toda participación en el proceso electoral y en la vida política por dichos actos.