Denuncia Alberto Alfaro ante el Trife a la presidenta María Elena Limón

TLAQUEPAQUE, Jal., 3 de septiembre de 2020.-Luego de negarle en dos ocasiones al regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, su participación en sesiones de Cabildo, este miércoles el funcionario presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (Trife) un juicio de Protección de Derechos Político Electorales en contra de la presidenta María Elena Limón, el síndico José Luis Salazar Martínez y el pleno de regidores del ayuntamiento Tlaquepaquense, esto sentirse agraviado al no tener acceso a dichas reuniones virtuales.

De acuerdo con un comunicado de prensa, ante esta máxima autoridad electoral denunció “que le han violado sus derechos político electorales y su derecho a la libre asociación, reunión, expresión, libre manifestación de las ideas, así como tomar parte en los asuntos públicos inherentes a su cargo como regidor en el municipio”.

También señaló que estos actos son “discriminatorios y representan una restricción indebida a sus derechos humanos y políticos al ser ilegales e infundados”.

El funcionario municipal, pidió al Trife sean revocadas las sesiones, anulados los acuerdos tomados durante su ausencia y que sea nuevamente tomado en cuenta en las sesiones de cabildo, garantizando su participación de manera virtual, ya que se encuentra hospitalizado tras el atentado que sufrió el pasado 27 de julio. 

Señaló que estar ausente físicamente no le impide tomar decisiones donde se avale su voto en las actas respectivas.

Alberto Alfaro informó que existe parte médico del hospital San Javier que establece que se encuentra en condiciones mentales que le permiten tomar decisiones y que no existen contraindicaciones para realizar actividades propias de un regidor, lo que a simple vista, detalló el regidor, se considera arbitraria la decisión de la alcaldesa de someter al pleno la votación para permitirle su participación a la más reciente sesión de cabildo, realizada el pasado 27 de agosto.

Además, informó que durante la sesión del 26 de julio y la del 27 de agosto, la presidenta y el síndico le han querido aplicar la Ley Federal del Trabajo a la hora de justificar su participación, al tratarlo como un empleado, cuando únicamente se le pueden cancelar sus derechos políticos electorales a través de un juicio político, previsto en la Constitución.

“Se destaca que claramente han sido violados sus derechos político-electorales ya que ha sido convocado días previos a las sesiones de Cabildo y también esos actos discriminatorios resultan ofensivos para el electorado que depositó su confianza en él a la hora de emitir su voto en las elecciones del 2018”, reveló en el comunicado.  

En el documento presentado ante el Trife se especifica que la alcaldesa, el síndico y el pleno del cabildos debieron interpretar en su favor la posibilidad de acceder por plataformas digitales el participar en la toma de decisiones de interés público y contabilizar su presencia virtual como asistencia real y efectiva. 

Dicho documento ya fue admitido por el Tribunal Electoral y en la brevedad posible será requerida la presidenta y el resto de regidores para que rindan su informe justificado y de comprobarse esas violaciones, además de ordenarse medidas de reposición y no repetición, los funcionarios pueden ser objeto de un juicio político.

El regidor Alfaro García señala en el escrito que el acto autoritario del pleno, la alcaldesa y el síndico detonan la debilidad de su gestión ante las exigencias de los ciudadanos por el verdadero cambio.

“Sólo revela temor y debilidad del gobierno emecista ante el empuje ciudadano de una necesario cambio y alternancia municipal”, finaliza.