Señalan vacíos legales para frenar violencia política de género

GUADALAJARA, Jal., 27 de noviembre de 2025.- El Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, reconoció que persisten vacíos legales para sancionar con mayor rigor la violencia política contra las mujeres, especialmente cuando las agresiones ocurren en plataformas digitales. Durante un conversatorio sobre el tema, el funcionario señaló que las fiscalías carecen de facultades para ordenar a empresas como Google retirar contenidos ofensivos, lo que complica la atención de estos casos.

Rodríguez Morales explicó que la violencia política de género es uno de los delitos cuya investigación corresponde a la Fiscalía Electoral y que, aunque en Jalisco existe una cultura política “de mayor respeto hacia la mujer” en comparación con otras entidades, la problemática sigue presente.

Actualmente, la dependencia mantiene abiertas más de 20 carpetas de investigación relacionadas con este tipo de conductas, derivadas tanto del proceso electoral anterior como de denuncias recientes. La mayoría corresponde a declaraciones y publicaciones difundidas en redes sociales.

El fiscal consideró que, pese a los avances, el marco legal aún ofrece sanciones limitadas, que generalmente se traducen en multas o disculpas públicas. “Hace falta revisar no solo la ley en materia de delitos electorales, sino también otras instancias de justicia”, afirmó, al destacar que la normatividad vigente es insuficiente para frenar conductas que afectan la dignidad e integridad de mujeres que participan en política.

Recordó que los actos de violencia no se reducen a agresiones directas, sino que reproducen prácticas propias de una sociedad patriarcal que persisten en espacios públicos, incluidas instituciones y medios de comunicación. Rodríguez Morales recordó investigaciones en casos donde periodistas incurrieron en expresiones que constituyen violencia política, como uno registrado en Ciudad Guzmán.

El titular de la Fiscalía Electoral insistió en que, además de investigar delitos, la institución busca prevenirlos mediante actividades que promuevan el respeto y la participación igualitaria en la vida pública. Añadió que el desafío no se limita a agresiones contra mujeres: también se investiga la usurpación de identidades indígenas o de personas con discapacidad para obtener candidaturas, lo que evidencia la necesidad de una revisión integral de las reglas electorales.

“El objetivo es construir una sociedad libre de violencia, en el ámbito político, laboral y profesional”, concluyó Rodríguez Morales, al insistir en que se requieren herramientas jurídicas más sólidas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, especialmente de las mujeres.