Diputada propone endurecer penas por robo de infraestructura pública

GUADALAJARA, Jal., 29 de septiembre de 2025.- La diputada Adriana Medina Ortiz presentó una iniciativa de reforma al artículo 236 del Código Penal del Estado de Jalisco, con el objetivo de agravar las penas y restringir los beneficios procesales para quienes sustraigan, comercialicen o posean componentes utilizados en la prestación de servicios públicos.

La propuesta contempla sanciones más severas para los delitos relacionados con el robo de cable y materiales de infraestructura urbana vinculados a alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje, telecomunicaciones, gas natural o señalización vial.

“Se busca limitar los beneficios procesales, evitando que los inculpados accedan a salidas alternas o suspensión condicional del proceso”, explicó Medina, quien además precisó que la iniciativa establece como delito no solo la sustracción, sino también la comercialización, la detentación o la posesión de estos materiales.

Actualmente, este tipo de robos se consideran no graves y permiten acuerdos reparatorios que impiden la detención de los responsables. La legisladora advirtió que se trata de una problemática que afecta la seguridad, la conectividad y la operación de los servicios básicos, además de generar pérdidas económicas.

La reforma plantea tres rangos de penalidades de acuerdo con el valor de lo sustraído:
• De 5 a 10 años de prisión y multas de 15 a 70 UMAS en casos menores.
• De 6 a 12 años de prisión y multas de 20 a 80 UMAS en montos intermedios.
• De 8 años 6 meses a 15 años de prisión y multas de 30 a 100 UMAS si el costo de lo sustraído no excede las 3 mil UMAS.

Con esta acción, la diputada también busca regular la compra y venta de desechos metálicos en los 674 establecimientos dedicados a la recolección y reciclaje, ubicados principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.