Extorsión/Damian Campos

Con gran acierto, el Congreso de la Unión aprobó y publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se fortalece la política del gobierno federal en aquellos delitos que afectan a la sociedad; me refiero a las leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y desaparición forzada de personas.

Ahora, la ley general para combatir la extorsión unifica los criterios que las fiscalías y los tribunales de todo el país habrán de acatar. Otro dato interesante son las penas que deberán aplicarse a dichas conductas delictivas, que, por cierto, no son menores, ya que van de quince a veinticinco años de prisión e incluso podrán incrementarse cuando dicho ilícito sea agravado.

Es importante destacar que el delito de extorsión tiene múltiples variantes, pero, en esencia, se configura cuando alguien, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, y causándole a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

También es importante resaltar que muchas conductas delictivas provienen de llamadas telefónicas en las que se amenaza con causar un daño a los seres queridos; sin embargo, en realidad, el extorsionador no tiene la mínima idea del contexto familiar de la víctima, sino que se trata de llamadas al azar, y los receptores, sin darse cuenta, proporcionan información al delincuente. De esta manera, continúan con la historia falsa.

Por lo tanto, es importante informar a la ciudadanía sobre esta modalidad de extorsión para prevenir este delito.

Otro aspecto a resaltar es que, al tratarse de una ley general, su ámbito de aplicación comprende todo el territorio nacional, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y que dicha ley se encuentra vigente a partir del veintiocho de noviembre del dos mil veinticinco. Por lo tanto, desde esa fecha, las personas sentenciadas deberán enfrentar altas penas de prisión y, en consecuencia, los congresos locales deberán adecuar sus códigos en materia penal para derogar los ilícitos en cuestión.