Nada Personal
En 1978, Jalisco entendió algo que entonces pocos estados reconocían: el agua no puede administrarse desde las fronteras de cada municipio. Así nació el SIAPA, una experiencia pionera de coordinación intermunicipal en México, diseñada para una ciudad que apenas comenzaba a expandirse.
Han pasado 48 años y esa ciudad ya no existe. En 1980, Guadalajara tenía un millón 626 mil habitantes, Zapopan 389 mil y Tlajomulco poco más de 50 mil. Para 2020, Guadalajara había bajado a un millón 385 mil, mientras Zapopan alcanzaba casi un millón y medio y Tlajomulco superaba los 727 mil.
En conjunto, los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara pasaron de 2.37 a 5.24 millones de habitantes. Pero lo relevante no es solo cuánto creció la ciudad, sino hacia dónde. Guadalajara pasó de concentrar casi siete de cada diez habitantes metropolitanos a poco más de una cuarta parte. La población se desplazó a la periferia, y con ella la necesidad de infraestructura y servicios públicos.
Esa expansión habitacional, comercial e industrial multiplicó la demanda de abastecimiento, drenaje y saneamiento. A ello se sumaron asentamientos irregulares y desarrollos urbanos que no siempre llegaron acompañados de infraestructura suficiente, lo que generó nuevas necesidades de inversión y mantenimiento. Los catastros desactualizados y las dificultades de recaudación complican todavía más el financiamiento. El agua es un derecho humano y debe garantizarse, pero también necesitamos mecanismos sostenibles para pagar la infraestructura de una metrópoli de estas dimensiones.
Por eso, la crisis actual no puede reducirse a una falla operativa ni atribuirse a una sola administración. Es también el resultado de décadas de transformación demográfica, expansión territorial y desafíos acumulados de planeación urbana.
En este contexto, el gobernador Pablo Lemus anunció medidas para enfrentar los problemas de calidad del agua: dejar de utilizar temporalmente el suministro de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, e impulsar un nuevo acueducto. Son decisiones que abren una etapa de intervención hidráulica, y sus resultados deberán acompañarse de información transparente y de atención a las familias afectadas por la reducción temporal del servicio.
Pero el desafío va más allá de captar y conducir más agua. Jalisco necesita renovar redes, reducir fugas, ampliar la captación pluvial, sanear cuerpos de agua, tratar y reutilizar aguas residuales, proteger acuíferos y vincular la política hidráulica con el ordenamiento territorial.
Y exige corresponsabilidad. El cuidado del agua empieza en los hogares, pero involucra igualmente a industrias, comercios, desarrolladores inmobiliarios y gobiernos municipales. Ahorrar agua, evitar descargas contaminantes, recuperar espacios de infiltración y usar tecnologías eficientes debe ser parte de una nueva cultura metropolitana.
Hace casi medio siglo, Jalisco tuvo la visión de crear una institución para una ciudad que comenzaba a crecer. Hoy necesitamos una visión de la misma magnitud para una metrópoli que supera los cinco millones de habitantes: planeación de largo plazo, inversión sostenida y un compromiso real entre autoridades, empresas y ciudadanos. Las nuevas obras son necesarias, pero no bastan.
El desafío no es solo garantizar el agua que necesita la metrópoli de hoy, sino asegurar que las decisiones que tomemos permitan que también la tengan las próximas generaciones.




