Disculpas e impunidad/Miguel Ángel Martínez Espinosa

GUADALAJARA, Jal., 25 de Julio de 2016.- Era casi una obviedad. Desde noviembre de 2014 cuando se detonó el escándalo de la llamada “Casa Blanca” y el presidente nombró a Virgilio Andrade, no sólo persona de su confianza, sino subordinado suyo para que “investigara los hechos”, estábamos en presencia de algo así como la corte del rey pequeño, consorte de la reina de corazones, en la película de Walt Disney: “La sentencia es primero, el juicio vendrá después”. Ya se sabía que el investigador de las faltas cometidas por los funcionarios públicos terminaría por exonerar a su jefe.

Lo cierto es que ni siquiera se requería una comisión para investigar lo que eran hechos probados: a) La primera dama adquirió a valor de nada una casa millonaria; b) no se puede acreditar la legítima procedencia del recurso que utilizó para comprarla; c) La empresa vendedora se convirtió de la noche a la mañana en la constructora favorita del gobierno.

El saldo apuntaba con toda claridad a un conflicto de intereses que resultó evidente para todos menos para el Presidente y su Secretario de la Función Pública. Lo demás para la anécdota, desde quien falla a su deber de esposo y obliga a su cónyuge a balbucear una penosa explicación, la pública absolución de faltas hasta la disculpa pública de hace unos días que ha inundado de memes las redes sociales.

Hay sobre el tema mucha tela de donde cortar. Empecemos por el último capítulo, la disculpa. Es noble el gesto de reconocer una falta y es de agradecer que se tenga el valor de reconocerse falible en tiempo en que la propaganda autocreada por los políticos tiende a presentarnos como personas que no cometemos jamás errores.

Escuchar disculpas públicas de parte del jefe del estado mexicano es saludable para la política en sí. Pero las disculpas son tardías e incompletas. Dos años después de ocurridos los hechos es mucho tiempo para reconocer una falta y reparar un agravio.

Es cierto que después de la casa blanca la credibilidad del Presidente se fue en picada junto con su popularidad y constituyó el punto de quiebre de la administración Peña Nieto. De otro lado el contenido material de la disculpa. No se cometió ninguna falta, pero se dañó la imagen presidencial y la investidura, lo cual es cierto: el Presidente está obligado a ser escrupuloso con su comportamiento y a no dar lugar a escándalos.

Pero el fondo es el franco conflicto de intereses cuando la casa comprada a precio de ganga por la esposa del Presidente de la República fue producto de una transacción con el grupo Higa, antiguo beneficiario de contratos de obra pública en el Estado de México y reciente constructor favorito del gobierno federal a partir de la presente administración. Dos años hacen que las disculpas se perciban como tardías e insinceras cuando no se refieren al asunto principal, el evidente conflicto de intereses del que la operación deriva.

Lo que me parece importante es centrar la atención del lector en el señalamiento que hace el Presidente de la inexistencia de una violación legal. Es casi unánime la impresión de que la conducta presidencial es censurable. Lo es para el Presidente mismo cuando se siente obligado a ofrecer disculpas públicas por su actuación, tal y como lo dice Fernando del Paso.

Es claro que este tipo de conductas merecerían sanción. Es cierto que puede que este tipo de casos no estén previstos en el catálogo de faltas cometidas por los servidores públicos. A eso y a casos similares se refiere Acción Nacional en Jalisco cuando pide se revisen el catálogo de faltas cometidas por los servidores públicos, particularmente aquéllas que pueden considerarse como delictivas. Es evidente que el espectro de la legislación anticorrupción estará incompleto si deja estos temas en la sombra.

De manera tradicional la legislación en materia de servidores públicos y la relativa al ejercicio del gasto público se ha ocupado de la corrección en el cumplimiento de la norma que regula el ejercicio de la función pública. Sin embargo es evidente que el espectro de materias es con mucho más amplio.

Para entenderlo de manera simplificada diremos que hay tres cosas que son marcadamente distintas: una es cumplir las normas administrativas, la segunda es “meter la mano a la caja” y la tercera es beneficiarse indebidamente con la actividad pública que se desempeña. Es claro que las fuentes principales de la corrupción no están en la falta de observancia de normas y procedimientos administrativos.

Las fortunas mal habidas que molestan a los ciudadanos se hacen a la sombra del poder, se hacen a través de adquisiciones amañadas, contratos de obra dirigidos, licitaciones simuladas y negocios a la sombra del poder público, en operaciones que son legales pero fraudulentas y que en el mejor de los casos hoy merecen una disculpa pública por el daño causado a la investidura.

Presidente del PAN Jalisco

Miguel Ángel Martínez Espinosa

@MiguelAngelME_