IMEF prevé crecimiento de 1.7% para México y pide certeza a inversiones
GUADALAJARA, Jal., 17 de febrero de 2026.- El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) presentó un exhorto al Congreso del Estado para endurecer los requisitos de acceso a cargos públicos y reforzar las capacidades de la Fiscalía Anticorrupción, ante lo que consideran riesgos reales de infiltración del crimen organizado y uso indebido del poder desde las instituciones.
La propuesta plantea establecer criterios más estrictos de elegibilidad para evitar que personas con presuntos vínculos criminales accedan a puestos de decisión, así como otorgar mayores facultades a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que pueda iniciar investigaciones de oficio cuando existan indicios públicos de irregularidades, sin depender exclusivamente de denuncias formales.
El organismo empresarial advirtió que la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales ya no es un riesgo hipotético, sino una problemática documentada en el país, lo que —señalan— evidencia la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control institucional.
Además, el CCIJ alertó sobre lo que calificó como una de las formas más graves de extorsión: aquella que proviene desde el propio aparato gubernamental mediante inspecciones selectivas, clausuras arbitrarias o el uso discrecional de atribuciones administrativas.
“La forma más grave de extorsión es aquella que se disfraza de legalidad desde el gobierno, mediante inspecciones selectivas, clausuras arbitrarias o uso discrecional de facultades administrativas. Cuando el poder público se utiliza para presionar o intimidar, el daño no es solo económico: es institucional”, señaló el coordinador, Antonio Lancaster.
El organismo industrial también solicitó al Congreso local abrir un proceso de Parlamento Abierto para analizar las propuestas con participación de especialistas, autoridades y sociedad civil, con el objetivo de construir reformas con respaldo técnico y legitimidad social.
El exhorto se presenta en un contexto en el que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afectan a empresas en México, especialmente a pequeñas y medianas, debido a su impacto directo en la operación, la inversión y la generación de empleo.
El CCIJ sostuvo que el fortalecimiento institucional es clave para garantizar condiciones de certeza jurídica, fomentar el desarrollo económico regional y proteger el funcionamiento democrático en el estado.




