CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- Expertos, investigadores y académicos coincidieron en cuestionar la viabilidad y efectividad de una Guardia Nacional para combatir la inseguridad que vive México y cuestionaron su origen militar que pondría en riesgo el respeto de los Derechos Humanos, así como la institucionalidad civil y democrática del país, por lo que demandaron que, de crearse, tenga un mando civil.

Durante el tercer día de trabajos en el marco de las Audiencias Públicas para analizar el tema de la Guardia Nacional que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, los invitados expresaron su total desacuerdo ante la creación de esta figura de seguridad, señalando que existen graves fallas en el contenido del dictamen.

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la propuesta para crear una Guardia Nacional implica la constitucionalización de la militarización del país, y que está plasmado en lo que sería un nuevo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual dice:

“La Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal a través de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación”.

Reclamó que, lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional, ahora se pretende imponer con una reforma a la Norma Suprema; por lo que hizo un llamado a la congruencia de los hoy legisladores, que en su momento, recordó, se opusieron a la aprobación de aquella legislación.

“La intervención de las fuerzas militares, como se ha dicho, en tareas de seguridad en los estados constitucionales, debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil; eso es lo que dice la teoría constitucional moderna».