Debe garantizarse la atención integral de la salud mental: Fabiola Loya

GUADALAJARA, Jal., 17 de febrero de 2021.- El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra del dictamen de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, al considerar que se trata de una imposición que violenta los derechos humanos de las y los mexicanos, además de contravenir tratados internacionales signados en la materia.

Fabiola Loya, coordinadora de las y los diputados ciudadanos rechazó esta propuesta y señaló que se debe procurar una atención integral para la salud mental de las personas, pero con un enfoque de derechos humanos.

“Es claro el sesgo que existe en las definiciones de este dictamen, en él está plasmado un enfoque psiquiátrico y no un enfoque de derechos humanos. En lugar de poner por delante los derechos de las personas, ha dado un peso significativo a un enfoque psiquiátrico en el que las conductas constituyen un trastorno mental”, agregó.

Añadió la diputada Federal que pese a que los problemas vinculados con padecimientos de salud mental en nuestro país han ido en aumento, en el Presupuesto 2021 se asignaron mil 515 millones de pesos a dicho fin, lo que sólo representa el .2 por ciento destinado a salud.

“Esta reforma ofrece más riesgos que certidumbres. Las organizaciones han hecho énfasis en que es urgente una atención integral que ponga por delante a los derechos de las personas”, destacó Fabiola Loya.

Por esta razón el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsó una reserva para acotar el tema de las adicciones a la prevención, de manera que no sean consideradas como un problema de salud mental y para privilegiar el consentimiento de las y los pacientes, garantizando que conozcan de manera previa, el tratamiento que recibirán.

La modificación establece que personal de salud mental, públicos o privados, está obligado a comunicar a la persona de manera accesible y oportuna, la información completa, objetivos, beneficios y posibles riesgos, así como alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado y que el paciente o usuario de los servicios de salud mental tenga el derecho a aceptar o rechazar su tratamiento.

Bajo estas propuestas impulsadas por diputados de Movimiento Ciudadano se logró que se realizaran cambios en la votación en lo particular del dictamen, fortaleciendo la minuta enviada al Senado.