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GUADALAJARA, Jal; 13 de diciembre de 2022.- Este martes se realizaron las entrevistas a los cinco aspirantes que buscan la dirección del Instituto de Justicia Anlternativa (IJA). Diputados buscarán al mejor perfil, aunque la mayoría de los legisladores han dejado ver las intenciones de que Guillermo Zepeda Leucona actual titular, sea quien dirija por otros siete años a este organismo de justicia.
Los aspirantes que tuvieron 15 minutos para expresar su plan de trabajo son:
Beatriz Martínez Sánchez.
Noe Rodríguez Briano.
Carlos Camos Cuevas.
El actual director de este organismo entrega el cargo el 15 de diciembre.
La comisión legislativa de Seguridad y Justicia presidida por Tomás Vázquez Vigil, lamentó que solo una mujer haya participado como aspirante para dirigir el IJA, y mencionó que los cinco candidatos tienen la capacidad de dirigir el Instituto se Justicia Alternativa, pero será el pleno del Congreso quien tenga la facultad de elegir al perfil.
«El director general tiene que concursar en las mismas condiciones; eso quiere decir que las condiciones se valorarán, eso quiere decir eso tenemos condiciones ahora para analizar pros y contras, y bueno que no es un tema de la comisión, la comisión está haciendo su trabajo puntual, la comisión no vota específicamente, dentro de la comisión se la pone a consideración del pleno», explicó el legislador de Morena.
Por su parte, el actual director de este instituto, Guillermo Zepeda Leucona y quién es el favorito para continuar en el cargo, mencionó que su trabajo lo respalda, aunque los otros perfiles también tienen la capacidad de dirigir este organismo
«Estamos como dice la ley, en igualdad de circunstancias, ya los resultados están a la vista, mi lema es el trabajo mata grilla, yo creo que entonces lo único que como académico dice dar resultados, y eso pues a lo mejor las personas sienten que se tiene alguna ventaja por haber sido director, pero lo único que me respalda es el trabajo y la trayectoria» , mencionó Zepeda Leucona.
La evaluación no incluye la aplicación las pruebas control y confianza, ni de conocimientos, ni la intervención del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.