“Es necesario –enfatizó— que tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de Derechos y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno”.
González Pérez habló en el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo, ante el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; de la senadora Ivonne Liliana Álvarez y del senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidentes, así como de las diputadas Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y Aracely Saucedo Retes, y diputado Carlos Gerardo Hermosillo, secretarios, quienes estuvieron en el presídium.
Tras señalar que si 2011 fue el año en que se aprobó la histórica reforma Constitucional en materia de derechos humanos, 2016 debe ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, de la mano con la sociedad en su conjunto, precisó que el compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han expresado en materia de derechos humanos, debe verse reflejado en acciones concretas, que dejen en claro que realmente se ha asumido como una prioridad.
“México, lo he dicho, tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos, que nos ofrece la posibilidad de optar porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos, fortalezca y consolide nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país”.
Dijo a los legisladores que la formulación de leyes pertinentes y debidas, así como su aplicación efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio entre intereses de ninguna índole. “El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local –agregó—, tiene la capacidad de incidir de manera positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país”.
“Son asignaturas pendientes, entre otras –explicó—, la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 Constitucionales; la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, así como para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones”.
El Ombudsman nacional puntualizó que si el Caso Iguala nos indigna y moviliza ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado, lo ocurrido en Tierra Blanca hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones. “Es urgente –dijo— replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”.
Señaló que casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingan o Tanhuato, han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las Instituciones, incluida a la CNDH, la cual ha atendido todos estos casos desde sus primeros momentos y lo continúa haciendo. Precisó que son casos complejos cuya esclarecimiento exige trascender el nivel de la mera denuncia, para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica e integral de los hechos.
En relación con el caso Iguala, puntualizó que para la CNDH el “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual, es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
Al hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país, dijo que a casi 100 años de promulgado nuestro texto Constitucional y poco más de 4 años de que se realizó la reforma de 2011 en la materia, es inaceptable que los derechos humanos aún sean para muchas personas una mera construcción doctrinal o teórica que no encuentra un reflejo objetivo en su vida diaria y que también la estabilidad y vigencia de nuestras instituciones se cuestione y ponga en riesgo por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, las cuales hablan de un entramado de impunidad, corrupción y de falta de aplicación de las normas, frente al cual no hemos tenido la capacidad de actuar con la pertinencia y oportunidad que serían necesarias.
Mencionó que durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27,867 nuevos expedientes, de los cuales 9,980 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8,252 fueron orientaciones directas, 9,003 remisiones y 632 inconformidades, lo cual representó un incremento del 12% respecto del año anterior. Por otra parte, precisó, que durante el 2015 se concluyó un total de 28,634 expedientes, lo cual representa poco más del 25.5% de lo que se concluyó el año anterior, es decir, cerca de seis mil expedientes resueltos más que en el periodo previo.
En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS, en 2,185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 1,308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la SEDENA 620; la SEP 548; la SEMAR 373; y la CFE 316.
Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron el Distrito Federal, en 2,350 casos; Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302; y Michoacán 299.
Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, fueron prestación indebida del servicio público, en 3152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 1871; omitir proporcionar atención médica 1697; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; omitir motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.
Durante 2015 la CNDH emitió 60 Recomendaciones –una de ellas por violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos en Apatzingán—, dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan el IMSS, señalado en 13 recomendaciones; la Comisión Nacional de Seguridad en 7; así como el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, y la PGR, cada una de ellas con 3 recomendaciones.
González Pérez señaló que los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la Nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas.
Puntualizó que hay temas que demandan acciones urgentes y respecto de los cuales aún no hemos dado la respuesta que los hechos nos reclaman, tales como la desaparición forzada y la tortura. Destacó que, que en el ámbito de la CNDH, durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas. De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas. En cuanto a los lugares en que se señaló la desaparición de personas, Guerrero fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
En cuanto al propio informe de actividades, señaló que con el ánimo de abonar a la sustentabilidad, la economía de recursos y la transparencia, por vez primera se privilegió el formato electrónico, habiéndose impreso únicamente un resumen ejecutivo, al cual se acompaña una memoria USB con la información relativa la actividad institucional, en una plataforma que, con el auxilio de herramientas interactivas, permitirá una consulta más ágil, integral y personalizada del trabajo de la CNDH en el periodo que se reporta.
