
Entrega Pablo Lemus Premio Estatal de la Juventud
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jal; 13 de agosto de 2025.- Luego de que obligaron a un ciudadano a firmar un pagaré y exigir "mordida" tras un percance vial, cuatro policías fueron vinculados a proceso en los juzgados de Puente Grande.
El 15 de octubre de 2024, alrededor de las 16:00 horas, un vehículo y una motocicleta chocaron mientras circulaban por calles de la colonia Altavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
La motocicleta era conducida por un policía municipal quien se encontraba de descanso en ese momento.
Al lugar arribó una unidad de la policía municipal, cuyos ocupantes tomaron conocimiento de los hechos. El motociclista fue trasladado a un centro de salud por tener lesiones y, posteriormente, los elementos municipales le exigieron al conductor del vehículo el pago de 30 mil pesos, argumentando que el conductor de la motocicleta, que era su compañero, se encontraba grave de salud.
El conductor del auto se negó a pagar el dinero y les insistió que solicitaran mando y conducción del agente del Ministerio Público para que él les indicara el protocolo a seguir. Los oficiales se rehusaron y, en cambio, lo esposaron, presionándolo para que entregara la cantidad solicitada.
En ese momento, la esposa de la víctima llegó al lugar y comenzó a grabar y fotografiar los vehículos para documentar lo ocurrido, pero los policías le quitaron el teléfono celular, subieron al conductor a la patrulla y lo trasladaron a su domicilio, en donde lo obligaron a firmar un pagaré por 27 mil pesos, entregar 3 mil 650 pesos en efectivo que llevaba consigo en ese momento, así como la factura de su vehículo como garantía del pago total que exigían, lo cual hizo.
Posteriormente, las víctimas acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que abrió una carpeta de investigación y, tras las indagatorias, los cuatro policías municipales fueron presentados el día de hoy ante la jueza, quien ordenó como medidas cautelares que los vinculados deberán presentarse a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), y les prohibió acercarse al domicilio de las víctimas, así como molestarlas de ninguna forma. Asimismo, se giró oficio a sus superiores para que, en caso de asignar algún servicio en los domicilios de las víctimas, se envíe a otra unidad, lo anterior durante un plazo de seis meses.