Revisa Conagua convenios para zonas hídricas federales en Jalisco

GUADALAJARA, Jal; 27 de febrero de 2026.- Con el objetivo de frenar invasiones y construcciones irregulares en zonas federales vinculadas a cuerpos de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impulsa en Jalisco la firma de Convenios de Custodia con los 125 municipios del estado, a fin de compartir responsabilidades en vigilancia, prevención y gestión de estos espacios.

El director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, informó que este esquema permitirá a los ayuntamientos asumir atribuciones en el resguardo de áreas aledañas a ríos, arroyos, presas y lagunas, donde anteriormente no contaban con competencia directa.

Hasta el momento, 21 municipios han formalizado el acuerdo y cinco más se encuentran en proceso de firma; el resto avanza en la validación documental ante sus cabildos.

A través de estos convenios, explicó, se establece una administración coordinada que no solo fortalece la vigilancia permanente, sino que también abre la puerta a proyectos de beneficio comunitario, como parques lineales, malecones y senderos, siempre bajo criterios de legalidad y sustentabilidad.

El modelo contempla además capacitación técnica y jurídica para funcionarios municipales, así como mecanismos de actuación conjunta en caso de detectar ocupaciones indebidas.

De esta manera, las autoridades locales podrán intervenir de inmediato, revisar documentación y, en coordinación con la federación, iniciar los procedimientos correspondientes conforme a la normatividad aplicable.

En situaciones donde se identifiquen edificaciones irregulares dentro de zona federal, los municipios tendrán la facultad de notificar a Conagua para que se determine lo conducente, incluida la eventual demolición de inmuebles que contravengan la ley.

Esta estrategia forma parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, suscrito en noviembre de 2024, y reafirma la intención del Gobierno de México de garantizar el uso legal, ordenado y sostenible de las aguas nacionales en beneficio de la población.