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GUADALAJARA, Jal., 20 de noviembre de 2026.- La falta de evaluaciones conforme al Protocolo de Estambul, las presuntas detenciones arbitrarias y las diferencias en las cifras de personas detenidas fueron algunos de los cuestionamientos que legisladores de distintas bancadas hicieron a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco, la funcionaria sostuvo que el organismo no encontró elementos para acreditar actos de tortura ni tratos crueles o inhumanos contra las 39 personas detenidas durante la manifestación por el derecho al agua limpia, realizada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
Sin embargo, las conclusiones fueron cuestionadas por diputados, quienes señalaron que existen videos y testimonios sobre presuntas agresiones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y periodos de incomunicación de manifestantes.
Uno de los principales señalamientos fue la decisión de no solicitar evaluaciones mediante el Protocolo de Estambul, herramienta utilizada para documentar posibles actos de tortura y malos tratos.
El diputado del PAN, César Madrigal Díaz, consideró incompleto el informe y señaló una contradicción entre descartar la tortura y reconocer la posibilidad de un uso excesivo de la fuerza pública. Por ello, pidió a la titular de la CEDHJ comprometerse a realizar dichas evaluaciones.
En el mismo sentido, la diputada de Morena, María Candelaria Ochoa Ávalos, cuestionó los criterios utilizados para determinar que no hubo tortura, al señalar que algunos manifestantes habrían permanecido incomunicados y presentaban lesiones.
Otro de los temas que generó cuestionamientos fue la diferencia entre las cifras de personas afectadas. Mientras la CEDHJ reportó 39 detenidos, organizaciones civiles señalaron que 59 personas estuvieron no localizadas, por lo que la diputada de Futuro, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, pidió aclarar los datos y explicar qué acciones realizó el organismo para verificar la situación de cada persona.
La legisladora también cuestionó que se descartaran actos de tortura pese a los testimonios y materiales audiovisuales difundidos sobre las agresiones durante la movilización.
Por su parte, la diputada Mariana Casillas Guerrero pidió identificar quién ordenó el operativo contra los manifestantes y conocer el seguimiento a las seis medidas cautelares emitidas por la Comisión, así como las garantías de atención médica, asistencia jurídica y comunicación con familiares para las personas detenidas.
El diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, consideró que el informe no refleja la totalidad de los acontecimientos y solicitó precisar qué acciones se realizaron para documentar lesiones, posibles actos de tortura y periodos de incomunicación.
También cuestionó si la CEDHJ verificó directamente las condiciones del agua y las medidas de saneamiento para proteger la salud de las familias.
A su vez, el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, pidió aclarar qué información conserva la Comisión, luego de que se argumentara que no podía entregar determinados datos porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso.
Solicitó precisar si existe una copia íntegra del expediente, cuántas actas circunstanciadas se levantaron y qué evidencias fueron documentadas sobre las detenciones y el uso de la fuerza.
Los legisladores también cuestionaron las diferencias en el despliegue de personal de la CEDHJ durante las manifestaciones. Mientras el 11 de octubre participaron 16 observadores, el 18 de octubre fueron desplegados 36 servidores públicos, por lo que pidieron explicar los criterios para determinar ambas intervenciones.
El presidente de la Comisión legislativa, José Aurelio Fonseca Olivares, señaló que la labor de un organismo defensor de los derechos humanos no debe limitarse a observar y documentar los acontecimientos, sino procurar la protección efectiva de las personas. Por ello, pidió conocer qué acciones se realizaron para prevenir o detener posibles violaciones durante las movilizaciones del 11 y 18 de octubre.
Otros legisladores, entre ellos Enrique Velázquez González, César Madrigal Díaz y Norma López Ramírez, cuestionaron la suficiencia del informe, la actuación de los observadores y la respuesta de la Comisión ante las presuntas violaciones a los derechos humanos.
También solicitaron información sobre las 25 quejas recibidas después de la protesta del 11 de octubre, el seguimiento a las medidas cautelares y las denuncias relacionadas con la movilización del 18 de octubre.
Durante la comparecencia, los diputados insistieron en la necesidad de garantizar la independencia de la CEDHJ y evitar que su actuación responda a intereses distintos de la defensa de los derechos humanos.




