Jalisco genera más de 100 mil millones de pesos por la industria de reuniones
EL SALTO, Jal., 5 de mayo de 2026.- Con el objetivo de frenar el deterioro ambiental y garantizar la preservación del ecosistema, autoridades de los tres niveles de gobierno intensificaron las acciones de protección y vigilancia en el Humedal del Ahogado. Bajo una nueva declaratoria federal, se advirtió que cualquier intervención ilegal en la zona será castigada con sanciones penales.
Este lunes, brigadas oficiales iniciaron la instalación de una docena de avisos en el perímetro del humedal. Estos señalamientos informan a la población y a desarrolladores que invadir, rellenar o intervenir esta zona federal protegida conlleva la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público Federal.
Claudia Gómez Godoy, comisionada para la Restauración y Saneamiento del Río Lerma-Santiago, fue tajante al señalar que la certeza jurídica sobre el sitio ya es plena: “Con la declaratoria de humedal protegido, quien atente contra este ecosistema enfrentará de manera inmediata a la ley”, sentenció.
Por su parte, la presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, informó que la policía local mantiene recorridos permanentes para detectar actividades irregulares. Subrayó que tras años de desatención, hoy existe una ruta clara de recuperación gracias a la coordinación con el Estado y la Federación.
“No vamos a permitir que continúe el deterioro de los humedales. Estamos coordinados y pedimos a la ciudadanía denunciar cualquier actividad que afecte nuestro entorno”, señaló la alcaldesa, quien ha impulsado la delimitación del polígono para evitar abusos territoriales.
En estas acciones participa activamente la delegación de la PROFEPA en Jalisco, encabezada por Erika Rubí Serrano Farías, instancia que ya da seguimiento a carpetas de investigación abiertas por rellenos indebidos detectados previamente en el área.
Con el reencauzamiento de canales naturales y la delimitación física del terreno, las autoridades buscan blindar este pulmón hídrico, estableciendo una división clara entre las zonas resguardadas por la ley y las áreas colindantes, con el fin de evitar confusiones legales que favorezcan a infractores.




