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BAHÍA DE BANDERAS, Nay., 21 de octubre de 2026.- El complejo turístico Punta Paraíso, ubicado frente a la playa de San Francisco, conocida como San Pancho, en Bahía de Banderas, Nayarit, enfrenta graves daños estructurales luego de que el fuerte oleaje provocado por el Huracán Rachel erosionara la arena y dejara expuestos parte de los cimientos de sus edificios.
De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, dos de las tres torres del desarrollo inmobiliario se encuentran en riesgo de desplomarse, situación que llevó a las autoridades de Protección Civil a desalojar y clausurar el inmueble por motivos de seguridad. La información fue reportada por La Jornada y medios regionales durante los primeros días de octubre.
El deterioro del complejo reavivó la polémica en torno a su construcción en la franja costera, donde habitantes y activistas ambientales habían cuestionado desde hace años las obras por la ocupación de terrenos ganados al mar y las afectaciones a una zona ambientalmente sensible.
La fuerza del oleaje retiró parte de la arena que rodeaba la estructura y dejó al descubierto pilotes que sostienen las edificaciones. Según reportes periodísticos, también se formó un socavón de aproximadamente cuatro metros de profundidad en la zona de los cimientos, lo que incrementó las preocupaciones sobre la estabilidad de las torres.
Ante el riesgo, las autoridades determinaron la evacuación preventiva de personas que se encontraban en el complejo y restringieron el acceso a las instalaciones.
Aunque la situación ha sido descrita como un riesgo de colapso, hasta la información publicada no se había confirmado que las torres hubieran terminado de desplomarse.
A los daños ocasionados por el oleaje se suma el revés legal que enfrenta la empresa Pacific Lifestyle Properties, responsable del desarrollo.
El 7 de octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad el amparo promovido por la compañía, con lo que quedaron firmes las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La resolución obliga a restituir a su estado original una superficie de mil 466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar mediante la demolición de las obras construidas irregularmente. También establece el pago de una multa de 96 mil 220 pesos y la pérdida en favor de la Nación de los bienes correspondientes a las edificaciones identificadas como Torre 1 y Torre 2.
Los antecedentes del caso se remontan a 2009, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una concesión sobre una superficie de zona federal marítimo-terrestre para mantenerla en estado natural. En 2014 se modificaron las condiciones para permitir actividades de esparcimiento y ornato, sin autorizar otros usos o aprovechamientos.
En 2017, la Profepa realizó inspecciones tras recibir denuncias ciudadanas y detectó irregularidades relacionadas con la instalación de una malla que invadía terrenos federales y obstaculizaba el libre tránsito hacia la playa. Posteriormente, el procedimiento administrativo avanzó hasta que en 2022 se ordenaron medidas para reparar el daño ambiental.
La empresa impugnó las sanciones, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó su validez en 2025 y, finalmente, el tribunal colegiado negó el amparo en octubre de 2026.
Así, Punta Paraíso enfrenta actualmente dos escenarios: por un lado, los daños estructurales y el riesgo para sus edificaciones tras el embate del mar; por otro, la obligación judicial de demoler dos torres y recuperar la superficie afectada por las construcciones irregulares.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los desarrollos construidos en zonas costeras y la importancia de respetar las disposiciones ambientales y los límites de ocupación de los terrenos federales.




