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GUADALAJARA, Jal., 15 de octubre de 2026.- El Congreso de Jalisco aprobó las bases para consultar a personas con discapacidad y organizaciones que las representan sobre una reforma que busca incorporar su participación en la titularidad y funcionamiento de las áreas del Gobierno estatal encargadas de atender sus necesidades.
La consulta incluirá mesas de trabajo presenciales y otros mecanismos accesibles para recabar opiniones, experiencias y propuestas de personas con discapacidad, especialistas e instituciones. Con esa información se analizará la viabilidad de los cambios antes de elaborar el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal.
La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, presidida por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, aprobó las bases del proceso. La propuesta también contempla considerar los conocimientos y estudios necesarios para ocupar los cargos en esas áreas.
La aprobación no significa que la reforma ya esté avalada en su contenido final, sino que se abrirá un espacio de participación para analizar sus alcances.
En la misma sesión, legisladores aprobaron reformas a distintas leyes para reforzar la protección de mujeres víctimas de violencia y combatir las agresiones de género cometidas por personas servidoras públicas.
Entre los cambios se establece que las órdenes de protección deberán emitirse de inmediato o, a más tardar, dentro de las cuatro horas posteriores a que las autoridades conozcan los hechos. Estas medidas podrán durar hasta 60 días, con posibilidad de prorrogarse por 30 días más, durante la investigación o hasta que desaparezca el riesgo para la víctima.
Las medidas de protección podrán incluir alojamiento temporal en refugios, traslados seguros, apoyo económico y atención médica, psicológica y legal gratuita. También contemplan proteger la identidad y los datos personales de las víctimas, retirar armas a las personas agresoras y garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Además, podrá solicitarse la suspensión temporal de las visitas y convivencias de las personas agresoras con sus hijas e hijos, según las circunstancias del caso.
Las reformas también facultan a los órganos internos de control para recibir denuncias e investigar presuntos actos de violencia de género cometidos por servidores públicos, así como emitir medidas de protección cuando corresponda. Las autoridades competentes podrán imponer y ejecutar sanciones por estas conductas.
Las víctimas podrán solicitar protección en cualquier municipio de Jalisco o incluso en otra entidad federativa, sin que la competencia territorial sea motivo para rechazar la petición. Las autoridades deberán valorar el nivel de riesgo y las necesidades específicas de cada persona.
En la reunión participaron los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Norma López Ramírez y César Octavio Madrigal Díaz.




