GUADALAJARA, Jal., 24 de enero de 2022.- Ante la reciente aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), durante el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, avanzaron en la configuración de un pacto por el transporte público que dote de institucionalidad y fortalezca el financiamiento para este sector que representa el cuatro por ciento del PIB nacional.
Los participantes de este Encuentro Nacional realizado en Guadalajara, acordaron iniciar mesas de trabajo entre autoridades locales y autoridades federales, mientras SEDATU propuso desarrollar una primera mesa a finales de febrero orientada a establecer mecanismos, buenas prácticas y procesos para pasar del modelo hombre-camión a uno de empresas y sistemas organizados.
Dentro de las conclusiones del encuentro de tres días, reconocieron que el gran reto de este 2022 será avanzar en la institucionalización del transporte público como una política de Estado y establecer rutas de acción y mecanismos financieros para asegurar la implementación de la Ley, explicó el secretario del Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.
“Pusimos tres puntos en particular muy importantes, la inminente aprobación de la Ley general de Movilidad y Seguridad Vial y cómo en este tiempo vamos a estar preparándonos para ella; segundo, como salir de la crisis económica, que requiere una reactivación en el sector del transporte, que es el que mueve a México, y no podemos dejar que quiebre, no podemos dejar que se fracture de tal forma que no nos pueda mover”.
Según los especialistas, la aportación del transporte público urbano al PIB es del cuatro por ciento y gracias a este sector se mueve más del 40 por ciento de la población, es decir, 50 millones de personas diariamente a lo largo del país.
Las autoridades destacaron la necesidad de gestionar la movilidad y en particular el transporte público como una política social acorde con el derecho a la movilidad, que es una oportunidad para la equidad, la inclusión social y la reducción de la pobreza en el país.
“El transporte público se debe convertir en un igualador social y que esto ayude a disminuir los efectos que contaminan nuestro planeta. El trabajo debe ser en equipo, con una coordinación y enlace de esfuerzos permanente que nos permita este 2022 lograr acuerdos, para que los tres órdenes de gobierno nos sumemos a la mejora de la movilidad”, invitó Roxana Montealegre, representantes de SEDATU.