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Jalisco será la entidad clave en el proyecto Kutsári
GUADALAJARA, Jal., 28 de agosto de 2021.- Advierte el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, que la iniciativa aprobada por la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en el Congreso del Estado, pone en riesgo la operatividad no solo del Comité de Participación Social sino, del Sistema Anticorrupción en su conjunto, toda vez que una de las funciones del CPS, es presidir el trabajo de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Dejar sin contraprestaciones a las y los miembros de la CPS, sin una justificación que abone al mejor funcionamiento del sistema, es decir, del combate a la corrupción, es intervenir en la operación de un organismo que nació y se conformó desde la sociedad civil organizada, la medida es excesiva y atenta contra la participación ciudadana, por ello, desde nuestra institución, hacemos un respetuoso llamado a las y los legisladores para abrir espacios de diálogo y entendimiento, pero sobre todo de evaluación”.
Afirmó que esta iniciativa erosiona la participación ciudadana en los asuntos públicos del estado y atenta contra el trabajo y compromiso que distintos organismos de la sociedad civil, universidades y sector empresarial han realizado desde el año 2017.
Recordó que algunos de estos avances han sido la promulgación de la ley estatal y la vigilancia de nombramientos que en su conjunto posicionaron a Jalisco como un referente en la implementación de mecanismos de combate a la corrupción de una forma transparente y de la mano con la sociedad, y con ello, la entidad fue la primera en completar todos los nombramientos y ser una de las 15 entidades que hasta el día de hoy tienen aprobada su política estatal anticorrupción.
Afirmó que las modificaciones propuestas significarían intervenir en la operación de un organismo que nació y se conformó desde la sociedad civil organizada.
Finalmente adelantó que Coparmex Jalisco analizará a detalle para emitir una postura institucional con las observaciones y ajustes que se identifiquen, buscando se respeten los puntos que en 2019 se trabajaron de forma conjunta con sociedad civil, academia y sector privado.