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GUADALAJARA, Jal; 23 de noviembre de 2025.- Diversas organizaciones feministas, colectivas de derechos humanos y especialistas en igualdad sustantiva presentaron este miércoles ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) un amicus curiae en respaldo a la validez del acuerdo IEPC-ACG-047/2025, mediante el cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos de paridad y acciones afirmativas para el proceso electoral 2026–2027.
Entre las firmantes se encuentran Aúna México, Aúna Jalisco, CLADEM, G10 por Jalisco, CIPIG, 100 por Jalisco y activistas independientes.
El documento plantea argumentos jurídicos para desvirtuar señalamientos sobre presuntas violaciones a principios constitucionales como legalidad, igualdad, paridad, no discriminación, alternancia, reelección e imparcialidad.
Las organizaciones sostienen que las medidas impulsadas por el IEPC son indispensables para garantizar derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados, incluyendo mujeres, personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y juventudes.
Respecto a la reserva de ocho municipios exclusivos para la postulación de mujeres, uno de los puntos más controvertidos del acuerdo, el amicus señala que la medida es constitucional, necesaria y proporcional.
Aclara que no afecta la reelección, pues únicamente se consideraron municipios donde los alcaldes concluyen su segundo periodo y ya no pueden competir nuevamente.
Añade que la decisión está sustentada en diagnósticos verificables sobre la persistente ausencia de mujeres en presidencias municipales.
Las organizaciones subrayan que las acciones afirmativas no sustituyen la obligación de paridad, sino que la complementan en contextos donde no ha existido alternancia. También destacan que se emitieron antes del inicio del proceso electoral, preservando certeza y objetividad.
Como referencia, mencionan precedentes en Hidalgo, Nayarit y Tlaxcala donde tribunales avalaron disposiciones similares.
El amicus respalda además los criterios aplicados para garantizar representación real —y no solo simbólica— de grupos como personas indígenas, LGBTTTIQ+, con discapacidad y juventudes.
Cada acción afirmativa, señalan, deriva de consultas previas, análisis demográficos y estándares nacionales e internacionales que justifican su implementación.




