
Garantizan a personas trans derecho al voto en elección judicial
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Jal., 20 de febrero de 2022.- Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México la corrupción se lleva entre cinco y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Es en este contexto que se desarrolla el trabajo de las fiscalías anticorrupción en los estados, cuyo trabajo es poco conocido y al tener poco tiempo de existir, todavía tienen mucho camino por recorrer. Tales fueron algunas de las ideas vertidas durante la mesa titulada “Diálogo con los fiscales anticorrupción y Zona Occidente”, organizada por la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO.
El encargado de moderar la mesa fue Alfonso Hernández, coordinador de la especialidad, quien inició la charla compartiendo una idea, la necesidad de dar a conocer el trabajo que realizan las fiscalías anticorrupción para que la sociedad se involucre en dicho combate.
Al diálogo asistió el fiscal Jesús Homero Flores, de Coahuila, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa) de México, así como sus pares Mario Ochoa, de Colima; Gerardo de la Cruz, de Jalisco; Alejandro Carrillo, de Michoacán; Felipe Torres, de San Luis Potosí; Rogelio López, de Sonora, y Domingo Rodríguez, de Tlaxcala.
La primera pregunta planteada a los participantes estuvo relacionada con los obstáculos que han enfrentado las fiscalías en la materia. Al respecto, Jesús Homero Flores señaló que una de las dificultades es la complejidad para hacer investigaciones, ya que no se enfrentan a escenas del crimen como en otros delitos.
“Debemos estar en capacitación constante; ahora debemos saber cómo operan las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), los nuevos canales de lavado de dinero. Por otro lado, también enfrentamos estrategias dilatorias, que hacen que los delitos de corrupción nos lleguen casi prescritos. No hay una ley que defienda a demandantes y testigos, y eso desalienta la denuncia”, dijo el fiscal coahuilense.
Delitos deshomologados, falta de criterios de evaluación, falta de intercambio de información, ausencia de guías y protocolos para obtener pruebas, fueron algunos de los problemas que refirió Domingo Rodríguez. A esto se suma la falta de una verdadera autonomía de las fiscalías anticorrupción, cuyos titulares son muchas veces nombrados por el Ejecutivo estatal en turno y que con frecuencia no tienen presupuesto suficiente.