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MORELIA, Mich., 21 de noviembre de 2018.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga los términos en que se llevó a cabo la detención del presidente y dos miembros más del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), cuyos familiares denunciaron abuso, tortura y allanamiento en que habrían sido golpeados y encañonados por policías ministeriales enfrente de sus hijos menores.
El referido caso se inscribe en medio del conflicto político que priva entre el CCIN, autoridad tradicional jurídicamente reconocida, y el presidente municipal perredista David Otlica Avilés, quien, mediante un operativo policial el pasado 8 de noviembre, promovió la recuperación de las instalaciones del ayuntamiento, que desde hacía tres años ocupaba el Consejo.
En entrevista con Quadratín, el titular de la Visitaduría Regional de Uruapan, Víctor Hugo Contreras, explicó que en lo que ve al operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Gobierno para la recuperación de la sede del ayuntamiento, la CEDH mantuvo acompañamiento y vigilancia, y que no se detectaron transgresiones a los derechos humanos.
Sin embargo, mencionó que en lo que ve a la detención de José A. A., presidente del CCIN y sus correligionarios: José Luis J. y José Gerardo G., llevada a cabo cuatro días después del operativo en la sede de Palacio Municipal de Nahuatzen, se solicitarán los informes correspondientes a la Procuraduría General de Justicia para conocer los términos de la detención.
Informó que acudió al centro penitenciario de Uruapan y que personalmente se entrevistó con los tres detenidos, quienes a simple vista y mediante la constancia de un certificado médico, no evidencian lesiones ni daño corporal.
A pregunta expresa, precisó que se solicitará el informe de las detenciones a la Fiscalía Regional para llevar a cabo el desahogo de las indagatorias en un proceso que podría durar alrededor de dos meses, para emitir o no las recomendaciones correspondientes.
Entre el 12, 13 y 14 de noviembre fueron detenidos estos tres miembros del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen por presuntos delitos, entre ellos: robo calificado, de vehículo y sabotaje, sin embargo, familiares y amigos de los detenidos afirman que no existen elementos para la imputación de los delitos y los consideran presos políticos.